El administrador de Matinsreg señala a Fernández de Moya

El cuello sudoroso de José Enrique Fernández de Moya y su gesto serio nada más salir del Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén delataban que, desde luego, no había pasado un buen rato en el despacho del magistrado Antonio Valdivia. “Estoy tranquilo”, dijo el todavía secretario de Estado de Hacienda ante una legión de periodistas que lo esperaba en la calle. Por consejo de su abogado, no quiso desvelar más sobre el contenido de su declaración como investigado en la conocida como operación “Auringi”. El exalcalde de Jaén fue una de las cuatro personas que ayer tuvieron que dar explicaciones por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho y tráfico de influencias. Las otras fueron la actual teniente de alcalde, Rosa Cárdenas, el técnico municipal Agustín S. G. y Luis Gregorio G. V., el administrador único de Matinsreg, la empresa de Zamora que fue contratada “de facto” para el mantenimiento de las fuentes ornamentales de la capital entre agosto de 2012 y septiembre de 2013. Trece meses en los que, presuntamente, saqueó unos 3,6 millones de euros de las arcas municipales con facturas infladas o directamente falsas.

Y los que estuvieron presentes en la declaración de Luis Gregorio G. V. utilizan una expresión muy coloquial para definir el interrogatorio: “puso en marcha el ventilador” para señalar directamente a José Enrique Fernández de Moya. Las fuentes consultadas explican que el empresario relató al juez que el exalcalde dio el visto bueno a la contratación de Matinsreg durante una reunión celebrada en el Ayuntamiento de Jaén en julio de 2012. Y añadió que, durante ese encuentro, le expuso a Fernández de Moya las condiciones económicas de su empresa, que le fueron aceptadas. En concreto, explicó que como las administraciones públicas tardan en pagar, necesitaba endosar las facturas a otra sociedad distinta, lo que conllevaría unos sobrecostes que, según su versión, cargaría al Ayuntamiento. Las explicaciones de Luis Gregorio G. V. coinciden en parte con la ofrecida por el entonces concejal de Personal, Miguel Ángel García Anguita, quien en un comunicado dijo que la contratación de Matinsreg fue decisión de Fernández de Moya.

El todavía secretario de Estado de Hacienda, que declaró antes que el empresario zamorano, trató de desvincularse de todo lo relacionado con Matinsreg. Hay que recordar que Fernández de Moya están investigado porque ordenó personalmente el pago de las facturas a la empresa zamorana “en contra de los informes y reparos de legalidad” que había puesto el interventor.

Casi todas las preguntas giraron sobre esta espinosa cuestión. Durante una hora y media, el exalcalde quiso dejar claro que esos reparos no hacían referencia a que hubiera gastos sin justificar ni facturas infladas, sino al hecho de que Matinsreg fue designada por el procedimiento de urgencia tras la marcha de la anterior empresa que prestaba el servicio de mantenimiento de las fuentes municipales. En este sentido, reiteró en más de una ocasión que no ordenó los pagos y que no conocía a nadie de Matinsreg.

También tuvo que aclarar cómo se produjo una reunión con otro técnico municipal, considerado uno de los testigos claves de este caso, Bartolomé G. O. Ante el juez, este trabajador aseguró que advirtió a Fernández de Moya de las supuestas irregularidades con la empresa zamorana. El exalcalde argumentó que no se trató ese asunto en el encuentro, al que también acudieron el concejal Miguel Contreras y, probablemente, su jefe de prensa, Miguel Martínez Rayo.

Esas fueron, a grandes rasgos, las explicaciones que Fernández de Moya ofreció al juez Antonio Valdivia. En la calle, fue mucho menos explícito. Se paró ante los periodistas para agradecer “la cobertura de lo que significa la citación ante la autoridad judicial competente” y aseguró estar muy tranquilo. Después, se marchó, acompañado por un séquito compuesto por el coordinador general del PP de Jaén, Miguel Contreras; el secretario general, Francisco Palacios; el diputado en el Congreso, Javier Calvente, y el concejal de Mantenimiento Urbano, Juan José Jódar, entre otros. Ante la insistencia de los medios de comunicación y casi a la carrera, Fernández de Moya “soltó” otro argumento: “Mi firma no aparece en ninguna factura”.

El que conforma y suscribe las facturas que presentaba Matinsreg era el técnico municipal Agustín S. G., que también declaró ayer en calidad de investigado. Él fue el que aceptó los supuestos sobrecostes, “con conceptos y servicios facturados y no ejecutados realmente, incrementando el precio de los productos facturados y no empleados en el mantenimiento de las fuentes”. Así, según la Guardia Civil, Agustín S. G. dio el visto bueno a facturas que recogían de forma falsa gran cantidad de horas de trabajo no realizadas ya que era prácticamente imposible ejecutarlas con el personal que la empresa tenía. El técnico municipal trató de echar balones fuera y, literalmente, dijo que se “fiaba de la gente”. Aseguró que los precios de los productos (cloro y algicida) le venían dados y que se comprobaba mediante revisiones que las fuentes funcionaban correctamente. Cuando se vio acorralado por las preguntas del propio juez, Agustín S. G. admitió que pudo cometer “algún error”, sin dar más explicaciones. También le preguntaron por la contratación de su hijo por parte de Matinsreg, a lo que respondió que esta circunstancia se produjo antes de que él fuera nombrado responsable de la supervisión de la labor de la empresa zamorana.

La cuarta persona que declaró como investigada en la causa es la actual teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jaén, Rosa Cárdena. Como alcaldesa accidental, ella firmó la orden el 8 de agosto de 2012 que supuso el encargo a Matinsreg “sin cobertura administrativa ni contractual de clase alguna”. La edil se justificó en que su intervención en este procedimiento se limitó a ese primer paso y que el expediente ya le llegó hecho, con los informes favorables del secretario y del interventor municipal. Su declaración fue la más breve de las cuatro que se practicaron ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén. Cárdenas fue la primera en llegar a la sede judicial, ubicada en la calle Carmelo Torres y la primera que vio a la veintena de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores que se concentraron como protesta. En sus pancartas se podía leer “Fuera ladrones de las instituciones, a la cárcel y que devuelvan lo que han robado” y “Contra su corrupción y nuestra pobreza, lucha obrera”. Cuando más arreciaron sus consignas y abucheos fue a las once de la mañana, justo cuando enfiló la sede judicial José Enrique Fernández de Moya. Entre los presentes estaba el que fuera secretario provincial de este colectivo y concejal de Jaén en Común en el Ayuntamiento de Jaén, Andrés Bódalo. Hay que recordar que tuvo que dejar el cargo cuando entró en prisión, el 30 de marzo de 2016, para cumplir una condena de tres años y medio por agredir al entonces teniente de alcalde de Jódar durante una protesta de jornaleros en 2012. Megáfono en mano, Bódalo tuvo un papel destacado en la concentración de ayer a las puertas del Juzgado de Instrucción número 2. Al respecto, aconsejó a Fernández de Moya sobre la rutina carcelaria. Especialmente aplaudida y vitoreada fue la “información” que ofreció sobre los menús de la prisión. También se escucharon consignas como “José Enrique, sé fuerte” y gritos contra Rajoy, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Griñán, a los que aconsejó “pico y pala”.

La protesta del SAT, que concluyó a las doce de la mañana, cuando el exalcalde todavía estaba declarando en el despacho del juez, se desarrolló en medio de un extraordinario despliegue de seguridad. Al filo de las dos de la tarde, terminó la primera ronda de interrogatorios de un caso judicial que no ha hecho más que empezar.