Europa “renuncia” a la PAC

Europa renuncia a la Política Agraria Común (PAC) con el primer documento que proyecta la PAC a partir de 2021. Es contradictorio, pero real como la vida misma. El comisario Phil Hogan acaba de presentar el primer documento que supone una involución en los pasos que se han dado desde 1962 —surgió después de la Segunda Guerra Mundial para garantizar alimentos agrícolas y ganaderos a la población— hasta hoy. El sueño de que los 28 países sean uno en materia agrícola se desvanece con esta propuesta, ya que la Comisión Europea quiere que existan unas normas de funcionamiento básicas y, a partir de ahí, que cada país se “busque la vida” con contratos programa que ejecutar en la agricultura. Si duda, una propuesta que ha dejado a los agricultores “de piedra”, sobre todo, en un contexto en el que le piden a Europa una posición unida y de firmeza ante problemas como el veto de muchos productos por parte de Rusia o el inicio de los aranceles para muchos productos en Estados Unidos. El primero ha sido la aceituna negra española, pero parece que vendrán muchos más.

La Comisión Europea presentó un documento que dibuja las principales orientaciones y objetivos de la Política Agraria Común (PAC) para después de 2020, que estará centrada en la simplificación de las normas y en una mayor flexibilidad. Plantea la elaboración de planes estratégicos nacionales que deberán recibir el visto bueno de Bruselas y establecer límites máximos obligatorios en los pagos directos, entre otras cuestiones. Es decir, el lío de las ayudas les puede caer a los países miembros, algo que no sería bueno para Jaén.

El texto, que fue presentado por el vicepresidente del Ejecutivo comunitario de Empleo, Crecimiento e Inversión, Jyrki Katainen, y el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, recoge posibles acciones, pero incide en que las propuestas concretas no llegarán hasta después de mayo de 2018, cuando Bruselas haya presentado también su planteamiento para el marco financiero plurianual de la UE.

Planes estratégicos. Así, el Ejecutivo comunitario plantea que los Estados miembros tengan que elaborar “planes estratégicos” nacionales que desarrollen propuestas para “maximizar su contribución” a los objetivos y prioridades de la UE en materia agraria y a sus metas climáticas y energéticas particulares. Este enfoque, señala Bruselas, ayudará a tener en cuenta las condiciones y las necesidades locales de cada país. Bruselas avisa de que estos programas no se prepararán de forma “aislada” puesto que formarán parte de un proceso estructurado en el que la Comisión Europea tendrá que dar su visto bueno a los documentos nacionales. A su juicio, esto fortalecerá el valor añadido de la UE y preservará el funcionamiento del mercado único agrario. En cualquier caso, tanto Katainen como Hogan, enfatizan que esta propuesta no busca en ningún caso “racionalizar” la PAC, sino facilitar el cumplimiento de objetivos agrarios y medioambientales. “No queremos renacionalizar la PAC. Lo que queremos hacer es tener más subsidiariedad para alcanzar los objetivos que hemos establecido conjuntamente”, afirmaron.

Por otro lado, la Comisión Europea garantiza que se mantendrán los dos pilares de la PAC y que el apoyo a los agricultores y ganaderos seguirá siendo a través del sistema de pagos directos. No obstante, Bruselas reconoce la existencia de “preocupaciones comprensibles” en términos de eficiencia económica y equidad social por el hecho de que el 20% de los productores recibió el 80% de los pagos en 2015. En este contexto, el Ejecutivo comunitario subraya que su compromiso es buscar cómo hacer que los pagos directos sean más efectivos y estén mejor orientados para apoyar los ingresos de los agricultores del bloque comunitario.

En concreto, el documento de Bruselas propone una lista “no exhaustiva” de posibilidades a estudiar, entre las que se encuentra la opción de establecer un límite obligatorio para los pagos directos teniendo en cuenta la mano de obra para no provocar efectos negativos en el empleo. Sin embargo, el texto no detalla ninguna cifra a este respecto. Preguntado por el hecho de que borradores previos del documento sí que recogieran una propuesta para estos límites máximos, de entre 60.000 y 100.000 euros, Hogan afirma que esas referencias han sido borradas para no anticiparse a la propuesta sobre el próximo plan financiero plurianual. “Estoy bajo estrictas instrucciones de para no mencionar nada de dinero en el contexto de mi comunicación y no anticiparme al marco financiero plurianual y eso es lo que pretendo hacer”, dijo, para después afirmar que en cualquier caso serán las instituciones de la UE con poderes legislativos las que finalmente tendrán que decidir si hacer obligatorios estos topes máximos de ayudas por explotación.

Reparto del pago. “La distribución justa de los pagos es una cuestión y haremos lo que podamos junto con los colegisladores para abordar este asunto”, zanjó el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural. Otros planteamientos que incluye el texto sobre esta cuestión son la instrucción de pagos regresivos para reducir el apoyo que reciben las explotaciones más grandes y reforzar el enfoque redistributivo. La Junta de Andalucía muestra su preocupación porque la PAC puede dejar de ser una política realmente común en Europa. El consejero de Agricultura, Rodrigo Sánchez Haro, afirma: “Puede dejar de ser una política que ejerzamos todos los territorios de manera común. Se ha puesto sobre la mesa un intento de reforma radical de gran profundidad de la PAC que, en teoría, persigue su adaptación a la nueva situación de los mercados y a los nuevos retos de la UE, aunque sin despejar dudas fundamentales”.

Asimismo, continúa: “Existe una enorme inseguridad sobre cómo se diseñarán los pagos directos a los agricultores. Cualquiera que sea el modelo de PAC que finalmente se adopte, éste debe reconocer la realidad diversa de la agricultura europea (diferentes costes, diferentes salarios, diferentes ingresos...), algo que no es compatible con la homogeneización de las ayudas”. Por otro lado, la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Jaén insiste en este mismo aspecto. El secretario general, Cristóbal Cano, explica: “No nos gusta que la PAC deje de ser una política realmente comunitaria. Además, que se siembren dudas respecto a la manera de afrontarlos. Tampoco estamos a favor de la flexibilización de la figura del agricultor activo, ya que consideramos que se ha de brindar todo el apoyo a las personas que viven de la agricultura. No obstante, sí que apoyamos el límite de ayudas que se propone. No puede ser que el 20% de los agricultores se lleven el 80% de los fondos. Nos gusta la idea de que exista un límite de 60.000 o de 100.000 euros y que se favorezca un mayor reparto”. Por otro lado, UPA insiste en la necesidad de que exista un presupuesto fuerte para afrontar cada una de estas iniciativas. Por otro lado, el secretario general de COAG en Jaén, Juan Luis Ávila, aclara: “Nos volvemos a quedar perplejos al constatar que se dejan fuera los mecanismos de regulación de los mercados. El Parlamento de Europa insiste en que hay que introducirlos, pero luego vemos que la PAC la hacen los funcionarios y pasan de las recomendaciones que se hacen. Esto genera mucho malestar en la gente y hace que los ciudadanos se desconecten de Europa, ya que mandan más los funcionarios que los representantes que eligen en las urnas”.

Incertidumbre. Además, Juan Luis Ávila señala: “No creo que dé tiempo. Este comisario acaba pronto el mandato y no sabemos si continuará o llegará otro. Puede cambiar del todo. Tampoco entiendo que se lancen unas líneas maestras sin que esté todavía definido el presupuesto que existirá. Me parece realmente extraño”. Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía también tiene un planteamiento de rechazo al primer planteamiento de la Política Agraria Común. Ayer mismo la junta directiva mantuvo una reunión en Sevilla para fijar el posicionamiento: “Rechazamos la renacionalización de la PAC que se propone, el recorte sustancial de ayudas que se vislumbra, así como el cambio drástico en la distribución de los incentivos, lo que puede conllevar desequilibrios importantes en el sector, tanto en rentas como empleo. Asimismo, la Comisión Europea vuelve a olvidarse de los mecanismos de gestión de mercados y las necesarias medidas para el reequilibrio de la cadena agroalimentaria, indispensables para garantizar el futuro del sector más allá de las ayudas”.

De esta manera, parece claro que la propuesta de la Comisión Europea en Bruselas no ha caído nada bien en Andalucía. Jaén tiene mucho que decir ya que recibe más de 300 millones cada año en pagos directos. No obstante, la principal duda está en el Reino Unido, que pronto saldrá de Europea y dejará de aportar fondos a la PAC, por lo que queda la duda de dónde saldrá el dinero que dejará de llegar.