La Cámara de Cuentas riñe al Ayuntamiento por el bus

La Cámara de Cuentas de Andalucía emite un informe sobre la actividad sujeta a la ley de contratos del sector público realizada por el Ayuntamiento jiennense en el año 2016 y en el que se determinan, en ese periodo, toda una serie de “incumplimientos” que apuntan a que, según la institución, “la gestión de la actividad contractual del Ayuntamiento de Jaén no resulta conforme con la normativa que le es de aplicación”. En esta análisis, el organismo fiscalizador se detiene en el servicio de transporte urbano adjudicado a la empresa familiar Herederos de José Castillo Castillo S. L.. Esta prestación la asumió la sociedad en marzo de 1961, bajo la modalidad de concierto, cuando el regidor era José María García Segovia, y, desde entonces, es objeto de diversas prórrogas y ampliaciones del plazo de vigencia. De hecho, la última establece que la vinculación se mantendrá, salvo rescate del servicio por la Administración local, hasta 2036. Sobre esta relación, la Cámara de Cuentas juzga, a tenor de su investigación en 2016, “está impidiendo de facto la convocatoria pública de la licitación del servicio, apreciándose en ello la vulneración de principios sobre los que pivota la contratación pública, tales como los de concurrencia, igualdad, transparencia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos”.

Actualmente, la oficina de control de contratos tiene un marcha un expediente contra Autobuses Castillo, al haber detectado un posible incumplimiento de los acuerdos entre ambas partes tras decidir, de manera unilateral la compañía, la venta de dos microbuses que el Ayuntamiento le solicitó que incorporara para atender el servicio de la Línea 11, que discurre por el casco antiguo. La Cámara de Cuentas también hace referencia a prestaciones de servicios municipales sin cobertura contractual, como el servicio de recogida de residuos y limpieza, que atendió FCC sin contrato desde 2012 hasta 2017, cuando se suscribió el nuevo contrato, o en el caso del estacionamiento limitado en la vía pública.

De igual modo, se aprecia también “un incumplimiento generalizado del plazo de pago previsto” ya que el promedio de días que pasan hasta su pago se sitúa, en 2016, en 328, contados desde la conformación de la factura o desde la aprobación de la certificación de obras, cuando debería ser 30 días. En relación con la contratación menor, la Cámara de Cuentas se “evidencia un uso abusivo e inadecuado del mismo, con apreciación de fraccionamientos irregulares en la contratación de las distintas obras de reparación y conservación de las vías públicas, y en los suministros de carácter recurrente que se realizan de material de oficina, jardinería y de limpieza de colegios”. Precisamente, en el último plan de arreglo de calles, que está en trámite para que salga a concurso, el Gobierno local optó por dividir los proyectos en lotes. Entre los incumplimientos detectados, la Cámara de Cuentas señala también: “La entidad incumple sistemáticamente con sus obligaciones de una “justificación adecuada de la elección del procedimiento y de los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato”, hasta el punto de que, aclaran, “solo en uno de los trece expedientes analizados, estos extremos aparecen justificados”. De ahí que se recomiende al Ayuntamiento “dotar a la unidad de contratación de recursos humanos suficientes y debidamente cualificados con los que desarrollar la compleja labor que supone la aplicación de la normativa de contratación pública”, en aras a “llevar a cabo una adecuada planificación y programación de la satisfacción de sus necesidades de carácter recurrente y de aquéllas otras que forman parte de una misma unidad funcional”. Precisamente, el actual concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, puso en marcha una oficina de control que está dotada de mayor personal que la anterior unidad que se dedicada a esta labor.