La Intervención desconfía de la viabilidad del plan de ajuste
Dudas sobre los ingresos previstos y la reducción de costes de funcionamiento
Dirigido al Área de Hacienda y Contratación, la Intervención elaboró un informe sobre la solicitud del Gobierno municipal a la Administración General del Estado de 12 millones de euros. Esta partida, que se demanda al amparo de los Fondos de Ordenación, tiene por objetivo el pago de sentencias judiciales. Los recelos de la intervención, al conocer esta nueva estrategia municipal están motivados por la escasa justificación de algunas de las medidas previstas por los responsables municipales para justificar que es posible afrontar el préstamo. En el documento, al que tuvo acceso este periódico, se deja claro que el aumento de los ingresos previsto, derivado del refuerzo de la eficacia de la gestión y la recaudación voluntaria y ejecutiva, que redunda en un incremento de los ingresos de 500.000 euros, no cuenta con valoraciones técnicas y jurídicas que lo sustenten. De igual modo, la reducción de gastos anunciada, como consecuencia de la reducción de costes de funcionamiento de la Corporación, en torno a 1,1 millones de euros, a cuenta de la creación de la Oficina de Control de Contratos, tampoco tiene mucha base, en opinión del interventor. Tampoco da mucha seguridad la estimación sobre el ahorro financiero.
El informe sobre la última revisión del plan de ajuste, aprobada el pasado 12 de septiembre, está en la misma línea de los emitidos en el resto de ocasiones en las que el equipo de Gobierno sacó adelante esta fórmula de control del gasto. Por ello, el último de los documentos que recoge los reparos de la Intervención conecta con los emitidos el 29 de marzo de 2012; el 10 de abril y el 26 de septiembre de 2013; el 10 de junio de 2014; el 26 de marzo de 2015; el 19 de abril de 201 y el 30 de noviembre de ese mismo año y el 26 de julio de 2017; tantos como veces se debatió el plan de ajuste y sus revisiones por el pleno de la Corporación Municipal. La Intervención llama la atención sobre el dictamen de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, recibido el 30 de julio de 2018, que recordaba la necesidad de reducir los créditos previstos para el día a día de la “casa” en un 5% y que es preciso un acuerdo plenario de no disponibilidad de fondos, que cubra la mayor parte de la desviación que se producirá entre las previsiones de ingresos para este ejercicio y la desviación en los dos últimos años. El desfase está calculado en torno a unos 81 millones de euros y la Intervención recuerda que los ajustes necesarios aún se esperan. La medida que logró sacar adelante el Gobierno local, no sin rechazo de la oposición, tiene que tener el visto bueno del Ministerio de Hacienda. En años anteriores, al frente de esta cartera había un “amigo” de la Administración jiennense, como así consideraba el PP, que está en la Alcaldía, al titular de la cartera, el ministro Cristóbal Montoro. No hay que olvidar que su secretario de Estado de Hacienda era, además, el exalcalde, José Enrique Fernández de Moya. La duda es saber qué ocurre con el PSOE en La Moncloa. El equipo de Gobierno, por lo pronto, quiere reunirse con la ministra María Jesús Montero y negociar una quita de deuda. Una idea que impulsaron los socialistas de Jaén.
El teniente de alcalde y concejal de Personal, Miguel Contreras, firmó, el pasado 27 de julio, un decreto por el que autorizaba el pago de un complemento de productividad destinado a 17 de los 1.400 miembros de la plantilla de la Administración local. La suma total asciende, conforme a la documentación a la que tuvo acceso este periódico, a 53.002 euros. Tres de los trabajadores perciben 5.000 euros, la partida más numerosa de las autorizadas, mientras que la menor es de 1.132. De esta resolución se dio traslado al Negociado de Personal Funcionario, al de Personal Laboral y al Interventor de Fondos. Fuentes de la oposición socialista explican que el expediente está, actualmente, paralizado, por falta de motivación para estos incrementos de sueldo. También se apunta a que algunos de los beneficiarios son “recurrentes” en este tipo de complementos, como recuerda Jaén en Común. Otra de las claves de este decreto es que no pasó por la Mesa de Negociación y que salió adelante a las puertas de las vacaciones de agosto. UGT, precisamente, denunció, el lunes, que el Ayuntamiento, en los primeros ocho meses del año había distribuido “gratificaciones” por valor de 150.000 euros. La organización sindical dejó claro, no obstante, que no es una situación nueva que, como lamentó, contrasta con la elevada deuda de las arcas municipales, que ronda los 700 millones de euros y que motiva enormes retrasos en el pago a proveedores, entre otras complicaciones diarias.