Movilización de los católicos
Los centros concertados no permitirán recortes de unidades con demanda
A menos de un mes de que la Consejería de Educación cuente con las propuestas de las delegaciones territoriales con las solicitudes de los centros educativos que quieren renovar sus conciertos, el colectivo de Escuelas Católicas alza su voz para exigir a la Administración pública que no solo les escuche, sino que les emita una respuesta. “La Junta solo guarda silencio o se emite información contra la educación concertada”, dijo el secretario general de Escuelas Católicas, Carlos Ruiz.
Y es que es ahora el momento en el que los diferentes sectores de la enseñanza comienzan a manifestar públicamente su reacción al proceso previo al de la escolarización —que se iniciará en marzo— con el principal fin de defender sus preciadas líneas y, por ende, la estabilidad y calidad de los profesionales. Una reacción lógica ante la bajada de la natalidad que se deja notar en las aulas con el temor a una temida reducción de unidades.
Si bien desde la enseñanza pública se lamenta el continuo recorte de líneas en los últimos años, para Escuelas Católicas no solo hay que tener en cuenta esos recortes, sino también la creación de otras nuevas. “A lo largo de estos cursos, se han creado unidades nuevas en la pública y eso no se dice”, recuerda Ruiz, quien se muestra tajante a la hora de desmentir que la concertada haya crecido en detrimento de la pública. En concreto, según la presidenta de la asociación en la provincia, Ana Peinado, en Jaén hay un 19% de centros concertados, frente al 81% de los públicos. “No hemos crecido, al contrario, hemos bajado el 1%”, apunta Peinado, quien muestra, como una posible alternativa, la bajada de las ratios.
En cualquier caso, desde el colectivo, su secretario general insiste en que no están “contra la enseñanza pública”. “Nosotros defendemos una educación con todos en las actuales circunstancias”, sostiene Ruiz. No obstante, destaca lo que considera una “línea roja”, esto es, que les quiten unidades en centros que tienen demanda de sobra. “No lo consentiremos y tomaremos medidas legales si hace falta”, advirtió el representante andaluz, para remitirse a que, de lo contrario, sería “un atentado” al derecho constitucional de libre elección de enseñanza. “Si solo hubieran centros públicos, no habría posibilidad de elección”, dedujo Carlos Ruiz, para aseverar: “No vamos a dejar que nos conviertan en una educación de segunda categoría”.
En cualquier caso, el secretario general de Escuelas Católicas manifestó que, a pesar de la crítica, abogan por el diálogo, ya que su intención no está contra el cierre de la escuela pública. Es más, debido a que, según Ruiz, en los centros que defienden hay demanda, estarían dispuestos a hacer un reparto “solidario” con los de la pública, con el fin de que no cierren unidades.
CALENDARIO. Desde Escuelas Católicas de Andalucía, ya tienen fijado un calendario de movilizaciones con el fin de hacerse escuchar, en concreto para poder dialogar con la consejera de Educación, Adelaida de la Calle. Entre las fechas que ya tienen cerradas, los representantes de los docentes tienen previsto, para el próximo día 8 de febrero, concentrarse en los 400 centros concertados católicos para leer un manifiesto en el que expondrán las líneas que defienden. Asimismo, para el 14 del mismo mes, entregarán las firmas y actas de las diferentes comunidades educativas a sus correspondientes delegaciones territoriales para mostrar su apoyo a este tipo de educación. Para el día 18, la asociación tiene previsto organizar una concentración en la que participarán todos centros concertados —católicos y no católicos— para expresar su defensa a la sociedad. Finalmente, para el 1 de abril, celebrarán una gran manifestación general en Sevilla con todos los concertados para promover la libertad de elección.
Si hay algo en lo que coinciden todas las partes ante la sombra de la reducción de la natalidad —y el posible recorte de unidades— es el equilibrio entre la oferta de la enseñanza pública y la concertada. De hecho, se considera que se llega a este objetivo cuando, del total de los centros, el 20% son concertados y el 80% públicos. En sus declaraciones públicas a los medios, la delegada de Educación, Yolanda Caballero, siempre abogó por mantener este equilibrio, especialmente, ahora con el proceso de renovación de conciertos. Sin embargo, mientras que desde los sectores que defienden la pública se quejan de que, en los últimos años, los recortes solo recayeron en sus unidades, ahora exigen que no vuelvan a verse afectados al tiempo que los concertados quedan “blindados”.
En esta búsqueda de equilibrio, colectivos como la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) abogan por medidas excepcionales para zonas concretas con predominio de la concertada, como Linares o Úbeda, donde se hace imprescindible una “flexibilización, adecuación y reducción” de la ratio de forma “extraordinaria y temporal”. Por su parte, desde Escuelas Católicas, su responsable, Carlos Ruiz, critica el “doble discurso” de la delegada, ya que mientras que en unos foros habla de equilibro, en otros apuesta por la reducción de líneas en la concertada.