“Nosotros somos las manos y los pies de la Guardia Civil”

Según el artículo 26 de la Ley de Seguridad Privada 5/2014, los únicos que pueden ejercer funciones de seguridad privada son “los vigilantes de seguridad y su especialidad de vigilantes de explosivos, los escoltas privados, los guardas rurales y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos, los jefes de seguridad, los directores de seguridad y los detectives privados”. En esta lista, muchos son los que desconocen la función del guarda rural. Uno de ellos, Francisco Manuel Alarcón, jiennense, explica que son “las manos y los pies de la Guardia Civil”. Se lamenta que su profesión no está “muy valorada” y es común que tenga que relatar en qué consisten sus tareas.

“Nosotros podemos ir armados y con grilletes, podemos cachear a la gente y detenerles”, cuenta Alarcón, y relata que para obtener su puesto de trabajo primero tuvo que conseguir una titulación a través de una academia y, después, solicitar el certificado en la Guardia Civil tras superar unas oposiciones. “Pasamos por pruebas físicas y escritas, hay que demostrar los conocimientos; mientras que en otros lugares se ofertan cursos de sesenta horas para convertirse en guardas de coto”. Este tipo de “intrusismo” es el que más sufre la provincia jiennense. “Aunque por ley son gestores cinegéticos, muchos de ellos sobrepasan sus competencias e irrumpen en las de los guardas rurales, para las que no están acreditados”. Como ejemplo, cuenta que es común ver a guardas de coto que piden el documento identificativo o “persiguen” a los ladrones o cazadores furtivos, cuando “no deben hacerlo”. “Se trata de personal no capacitado para esas labores, además, nosotros tenemos el respaldo de la Guardia Civil, mientras que ellos no y, de todas formas, se adjudican más potestad”, afirma Alarcón.

La figura del guarda de coto es más conocida que la del guarda rural, según declara el jiennense. “Pero los ciudadanos ignoran qué competencias tienen, y los fallos que comenten o cualquier de sus acciones nos salpican inevitablemente”, subraya. Alarcón manifiesta el posible uso de estas profesiones en su sector por un tema económico. “Es igual que cuando una discoteca o una empresa, en vez de gastarse el dinero en contratar a un vigilante de seguridad, con su titulación y sus permisos, prefiere a un matón. Puede que sea eficaz al principio, pero su función no es la de un vigilante, y al pedir el DNI o al cachear, atenta contra los derechos de los ciudadanos”.

Como guarda rural se centra en la caza, la pesca, los delitos en el campo —como el robo de aceitunas—, la vigilancia de los caminos municipales y las vías pecuarias, control del ganado o los vertidos incontrolados de las fábricas, entre otros. Una labor “esencial” para el medio ambiente y rural. “Nuestra función pertenece al sector público, trabajamos en grandes explanadas y necesitamos una protección mayor, por eso creo que fue un error echarnos al sector privado”.