Ola de ceses en el personal de libre designación de la Junta

Los cambios en la Junta de Andalucía en la provincia jiennense prosiguen. Tras las elecciones autonómicas, celebradas el pasado 2 de diciembre, se consumó la salida, más o menos escalonada, de las anteriores delegadas y delegados del Gobierno regional en la provincia. El cese lo impuso la lógica de la llegada a la Presidencia de la comunidad del popular Juan Manuel Moreno, con el respaldo de Ciudadanos. La nueva estructura consistió en el reparto de las consejerías entre las dos fuerzas para, de esta forma, hacer posible la alternancia en el Gobierno regional tras más de 36 años con el poder en manos del PSOE y este modelo se trasladó al resto de la estructura periférica. Con los responsables políticos de la Administración regional que cesaban en sus funciones corrieron un destino similar los cargos de confianza, como periodistas y asesores que habían trabajado con estos. Pero los cambios no se quedan ahí, el siguiente paso, como explican las fuentes sindicales consultadas, llega con la reordenación del llamado personal de libre designación, los conocidos por sus siglas PLD, un proceso que se desarrolla actualmente.

El pasado 19 de febrero, los nuevos delegados provinciales asumieron oficialmente sus respectivas obligaciones, se trata de Raquel Morales, al frente de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local; Francisco Joaquín Martínez, en Empleo, Formación, Trabajo Autónomo; y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad; Antonio Sutil, que dirige Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación; Soledad Aranda, que se hace cargo de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; Trinidad Rus, Salud y Familias y Jesús Estrella de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico. Todos ellos “heredaron” a empleados de la Junta que habían asumido funciones de chófer, secretarios y otros puestos como jefes de servicio o secretarios generales que, en definitiva, conllevaban una gran cercanía con sus antecesores, una vinculación profesional muy estrecha. Muchos de ellos ya han dejado de atender estas tareas o están a punto de hacerlo. En cuanto al número de trabajadores que se verán afectados por esta reordenación, entre las organizaciones sindicales laborales hay dudas, por la propia complejidad y dimensiones de la Junta. En cualquier caso, al menos a priori, no se trata de despidos, sino de recolocaciones dentro de la propia casa, ya que un puesto como personal de libre designación es ocupado por funcionarios y personal eventual que forman parte del cuerpo del personal de la administración, tal y como apuntan desde UGT.

Los anteriores responsables de la Junta cifraron el número de PLDs en 116, de estos, medio centenar con características más políticas y unos setenta que están en la directiva por su perfil idóneo para ello. En cuanto al Servicio Andaluz de Salud, que se considera aparte, se trata de un centenar de trabajadores que, aunque también son PLDs, accedieron al puesto por su trayectoria profesional. La plantilla global de la Administración regional en la provincia ronda, según las estimaciones de CSIF, los 1.650 funcionarios, más 2.137 de personal laboral.