680 millones de los ERE no debieron salir de la Junta

La Fiscalía Anticorrupción cifró el montante global de los fondos de la Junta de Andalucía para afrontar compromisos frente a terceros para el pago de las conocidas como ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre los ejercicios 2000 y 2009 en más de 680 millones, fondos que, según el Ministerio Público, “no debieron salir de las arcas públicas” y por lo que se generó un “evidente” riesgo de menoscabo de fondos.

Así lo puso de manifiesto ayer lunes la Fiscalía en su informe final del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta —después de retirar la acusación contra el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa— por delitos continuados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE con cargo al programa presupuestario 22E, posterior 31L, por parte de la Dirección General de Trabajo y que pagaba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), tras recibir los fondos por transferencias de financiación desde Empleo, en virtud del convenio marco en 2001.

Según la Fiscalía, el montante global de los fondos del programa 22E y 31L destinados a afrontar compromisos frente a terceros asumidos por la Dirección General de Trabajo para dar ayudas asciende a más de 680 millones entre los ejercicios 2000 y 2009, incluyendo el crédito consignado inicialmente en los presupuestos y las modificaciones presupuestarias aprobadas.

Fondos destinados al pago de tres tipos de ayudas. Así, el fiscal Juan Enrique Egocheaga explicó que con ayudas sociolaborales se beneficiaron durante este periodo 77 empresas, que tuvieron la necesidad de presentar ERE o reducir la plantilla. A este respecto, la Fiscalía evidenció que no fueron las únicas empresas con problemas en el periodo investigado, pero “no conocieron las ayudas” por la falta de publicidad y conocimiento general de la convocatoria de las mismas.

Sobre las ayudas a empresas en crisis y tomando como referencia las más de 200 ayudas analizadas por la Intervención General de la Administración del Estado, la Fiscalía considera que resulta “iluso” pensar que 200 empresas andaluzas eran “las únicas en crisis en Andalucía”. En este sentido, señaló que fueron privados de su derecho a acceder a estas ayudas. El tercer tipo de ayudas fueron las que usaron fondos con fines distintos y ajenos a los recogidos en el propio programa 31L de Relaciones Laborales, como una campaña de publicidad del Servicio 112, el programa de formación del voluntariado de los Juegos del Mediterráneo de Almería, la financiación de subidas salariales contempladas en convenios colectivos o ferias locales.