Arranca el juicio de los ERE tras 7 años de investigación

Anticorrupción reclama seis años de cárcel y 30 de inhabilitación para Griñán, mientras que para Chaves pide diez años de inhabilitación

13 dic 2017 / 09:43 H.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla juzgará a partir de este miércoles a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros 20 ex altos cargos acusados en el denominado procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que la Fiscalía Anticorrupción cifra en un montante de 741 millones de euros.

De este modo, la vista oral comenzará este miércoles, a las 10,00 horas, con la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas, cuestiones previas que está previsto que se prolonguen también el jueves y el viernes, tras lo que el juicio está previsto que se reanude ya el 9 de enero de 2018 con la declaración de los acusados.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que los abogados de los acusados plantearán media docena de cuestiones previas, siendo una de las más reseñables la que presentará el abogado de Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano.

En este sentido, el letrado reclamará la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas en la fase de instrucción por el juez de refuerzo Álvaro Martín al considerar que se vulneró el derecho al juez predeterminado por la ley que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, por su designación como encargado de la instrucción de la causa de los ERE, tras la llegada de María Núñez Bolaños como nueva titular del Juzgado.

Y es que el abogado considera que este nombramiento sólo habilitaba a Álvaro Martín para realizar labores de apoyo o asistencia a la juez titular, todo ello en un caso que comenzó a instruir en enero del año 2011 la magistrada Mercedes Alaya.

De su lado, el abogado de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo planteará como cuestión previa la “necesidad” de modificar el orden de practicar las pruebas en el juicio para que los acusados declaren tras los testigos y peritos y no antes, como sucede habitualmente. MÁS DE 100 TESTIGOS

Tras la presentación de las cuestiones previas, el juicio se reanudará el 9 de enero con la declaración de los 22 acusados, así como de 117 testigos propuestos por Anticorrupción, las dos acusaciones ejercidas por PP-A y Manos Limpias y las defensas, y una docena de peritos que han realizado informes periciales sobre el objeto del denominado procedimiento específico.

Por el momento, se desconoce cuál puede ser la duración del juicio por la denominada pieza ‘política’ de los ERE, aunque todas las partes coinciden en que se prolongará durante varios meses, finalizando en el verano, y algunas fuentes apuntan a que podría llegar al año de duración.

En el estrado, y además del tribunal, se sentarán los 21 abogados de los 22 acusados, los dos fiscales delegados de Anticorrupción y los letrados que ejercen la acusación en nombre del PP-A y del sindicato Manos Limpias.

El tribunal estará formado por los magistrados Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Juan Antonio Calle Peña, que será el magistrado ponente después de que la Sección Tercera de la Audiencia admitiera la recusación promovida por PP-A y Manos Limpias contra el magistrado Pedro Izquierdo, que fue secretario general para la Justicia de la Junta y que había sido designado como ponente del juicio. LOS 22 ACUSADOS

Los acusados, además de Chaves y Griñán, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.

El juicio, para que el que se han acreditado 160 profesionales de 40 medios de comunicación, también se dirige contra los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez, y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

El listado de acusados se completa con los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; y los ex secretarios generales técnicos de este departamento Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.