Denuncian el casamiento “por la fuerza” de la joven Maloma

La familia española de Maloma Morales de Matos, natural del Sáhara Occidental y nacionalizada española, al ser adoptada por esta familia de Mairena del Aljarafe (Sevilla), anuncia “con infinito dolor e impotencia” que hoy “casan” a la joven, supuestamente retenida por su familia biológica en Tinduf (Argelia) desde diciembre de 2015, con el objetivo de “someterla definitivamente y para siempre”. “Si nada ni nadie lo impide, se va a celebrar hoy un matrimonio de conveniencia con mi hija Maloma Morales de Matos en los campamentos saharauis de Tinduf, donde lleva 14 meses secuestrada por su familia biológica”, afirma en un comunicado el padre adoptivo de la joven, José Morales. En este sentido, señala que será en la “Wilaya” o municipio de Smara y durará todo el fin de semana. Recuerda que la familia biológica prometió que Maloma “volvería antes de diciembre pasado, pero que antes tenía que “recuperar su reputación para salvar el honor de la familia y de la tribu”, por lo que señala que esta boda es la forma elegida para “someter a Maloma definitivamente y para siempre”. Defiende que se trata de una ciudadana española, mayor de edad, que está “retenida contra su voluntad y con sus derechos conculcados desde hace 14 meses y le han encontrado un hombre dispuesto a colaborar a destruir su pasado, a borrar cualquier huella de su vida en España y, por supuesto, a modelar su presente y su futuro a conveniencia”. Además, considera que este matrimonio “forzado” coincide con la presencia en los campamentos de miembros del movimiento solidario español, de asociaciones de amigos del pueblo saharaui y de varios delegados del Frente Polisario en España, entre ellos el de Andalucía, Abidin Bucharaya. “Todos son conocedores de los hechos y, lejos de denunciarlos, van a participar de esta nueva violación de los derechos humanos de Maloma. Muchos de ellos lo harán, además, de manera presencial, participando plenamente de este atroz delito de manera cómplice y cobarde”, sentencia. Por ello, subraya que el Gobierno de España “no puede consentir esto”.