El Parlamento aprueba el fallo de la comisión de formación
Chaves y Griñán quedan eximidos como responsables políticos de los hechos
El Pleno del Parlamento andaluz aprueba el dictamen de la comisión de investigación sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación sin señalar a ningún responsable político, de manera que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, incluidos inicialmente en el texto a debate, quedan eximidos como responsables políticos de los hechos.
Los puntos que señalaban las responsabilidades políticas tanto de los expresidentes de la Junta como de sus subordinados fueron votados aparte a petición del PSOE-A. Los socialistas votaron en contra de toda responsabilidad política, mientras que PP-A y C’s las exigieron, Podemos declinó participar en la votación, e IULV-CA no entendió “el sentido del voto” y no votó, pidiendo posteriormente repetir la votación, a lo que el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, se niega.
El resto del dictamen salió adelante con los votos de PSOE-A y C’s, el rechazo de PP-A e IULV-CA, mientras que Podemos decidió igualmente no ejercer su derecho al voto. De este modo, al aprobarse el dictamen, no se sometieron a votación los votos particulares que mantuvieron los grupos y en los que se pedía la responsabilidad política de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. De este modo, la comisión de investigación, tras más de un año y medio de trabajo, se salda sin ningún responsable político, a pesar de que en el dictamen aprobado previamente por la comisión, se recogía que Chaves y Griñán “han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las consejerías, y como tales son responsables”. Junto a Chaves y Griñán también figuraban como responsables políticos todas las personas titulares de la Consejería de Empleo y las personas titulares de la Viceconsejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012. De igual modo, fue rechazado considerar responsables de las incidencias e irregularidades detectadas a todas las personas titulares de la Dirección del Servicio Andaluz de Empleo.