Imponen fianzas de 1,9 y 2,1 millones a Guerrero y su chófer

La juez María Núñez Bolaños abre juicio oral e impone una fianza de 1,9 millones al exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y de 2,1 millones a su exchófer Juan Francisco Trujillo en relación con las cuatro ayudas de los ERE fraudulentos por un montante total de 1.475.028,01 euros que concedió el primero y parte de las cuales supuestamente fueron destinadas a la compra de cocaína, copas y antigüedades. En un auto difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que tuvo acceso Europa Press, la magistrada abre juicio oral contra Guerrero y su exchófer por delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación, malversación, tráfico de influencias y asociación ilícita.

Asimismo, la instructora abre juicio oral por delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita contra el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares, al que impone una fianza de 585.000 euros, y contra el que fuera directivo de Vitalia Antonio Albarracín, que deberá hacer frente a una fianza de 158.000 euros.

Además, la magistrada impone una fianza de 77.000 euros a la mujer del exchófer, Juana Gallego Rico, como beneficiaria a título lucrativo de las ayudas que recibió su marido, advirtiendo a todos los acusados de que deberán abonar la fianza en el plazo de un día, “con el apercibimiento de que de no prestarla se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada”. La magistrada, que dictó este auto una vez presentaron sus respectivos escritos de acusación tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Junta y el PP-A, declara a la Audiencia Provincial de Sevilla como órgano competente para enjuiciar esta pieza separada de los ERE.

El Ministerio Público pide 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028,01 euros para Guerrero y su exchófer, mientras que solicita seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín. La Fiscalía relata en su escrito que Guerrero y Trujillo, “personal laboral fijo de la Junta con categoría de conductor, asignado” al primero, a fin de “poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos” que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo con cargo a la partida 31L, “idearon inicialmente la constitución” de sociedades mercantiles “para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión”.

Al hilo, precisa que estas sociedades son Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, añadiendo que Guerrero, “sin que conste ninguna solicitud de ayuda” por parte de ambas empresas y “sin la tramitación de expediente administrativo alguno”, suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba que se había concedido sendas subvenciones de 450.000 euros a dichas empresas.

En ambos casos, y “para poder allegar” los 900.000 euros de fondos públicos a estas mercantiles, Guerrero suscribió el 16 de febrero de 2004, redactado por él mismo, un convenio de colaboración con el antiguo IFA para encomendarle el pago de la ayuda en el que, “a sabiendas de su falsedad”, se recogía que el 5 de febrero de 2004 habían presentado ante la Dirección de Trabajo la solicitud de ayuda, plan de inversiones y de viabilidad, así como que la documentación acreditativa obraba en poder de dicha Dirección General. Asimismo, asevera que Guerrero y Trujillo, “de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, “sin fecha”, para el emplazamiento de una granja avícola, “en el cual, como financiación de la inversión, se disponía de una subvención de 450.000 euros”.

De este modo, y “sin la tramitación de expediente administrativo alguno”, Guerrero suscribió el 5 de febrero de 2004 un documento en el que certificaba, igualmente, que se había concedido dicha ayuda a la empresa de Isidoro Ruz Espigares, Ave Nueva S. L., para lo cual también suscribió un convenio de colaboración con el IFA. Anticorrupción afirma que “se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.