Inversión para los hogares

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020 que tendrá como objetivos principales “la lucha contra los desahucios, el fomento del alquiler y la rehabilitación”, de manera que esa nueva planificación prevé el desarrollo de 188.545 actuaciones y movilizará una inversión pública cercana a los 730 millones de euros, ante lo que espera que se generen unos 40.000 empleos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, resaltó que el plan tiene “un enfoque marcadamente social” y apuntó que “se adapta a las condiciones económicas y sociales actuales y centra su esfuerzo en los colectivos de población que se hallan en situación vulnerable y tienen mayores dificultades para el acceso o mantenimiento de una vivienda”. El plan, que cumple con las exigencias de estabilidad presupuestaria, contará con una aportación autonómica de 385 millones de euros, a los que se sumarán 100 millones más —20 millones anuales— procedentes de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, a través de operaciones de venta de suelo e inmuebles.

A estas cifras se añaden 59,2 millones en 2016 del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, que expira este año. En ese sentido, el consejero, que lamenta que el Gobierno no haya aprobado un nuevo plan estatal que garantizaría la continuidad de la partida económica, prevé, no obstante, que “se mantenga la financiación adicional procedente del Gobierno central, con una aportación de 45,9 millones anuales de 2017 a 2020, hasta alcanzar los 183,57 millones en el horizonte de 2020”.

“Esperamos que el Gobierno en funciones tome la decisión definitiva sobre el Pitvi y concrete hasta 2020, porque ahora mismo sólo está 2016 como única aportación cierta de fondos del Estado”, añadió el consejero, quien destaca que este plan puede suponer arrastrar una inversión privada de unos 2.300 millones. La nueva planificación, la primera que se elabora en el marco de la Ley 1/2010 reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, cuenta con “una amplia participación de colectivos, con 565 aportaciones de las que más de un tercio han sido recogidas en el documento final”.

Se configura como “el instrumento para coordinar las políticas sociales en esta materia y para fomentar la actividad económica y la generación de empleo en la construcción, muy castigado por la crisis”. Así, explicó que el plan aboga por el fomento del acceso a la vivienda mediante alquiler o alquiler con opción a compra, al resultar “el modelo más demandado en el 74% de los casos y el que mejor se adapta a la realidad socioeconómica actual”. En este sentido, se prevé el desarrollo de 32.200 actuaciones, con una inversión de 58,53 millones.

La mayor parte, hasta 50 millones de euros, será para ayudas a familias con recursos limitados o en situación de vulnerabilidad, a las que se sufragará hasta el 40% de la renta del alquiler.