La juez archiva la causa de la mina de Aznalcóllar

El Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, comandado por la juez Patricia Fernández Franco, ordena archivar de nuevo la investigación promovida por la vía Penal respecto a la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México Minorbis, descartando “indicios de responsabilidad penal” y concluyendo que “los elementos de controversia son cuestiones administrativas y deberán ser objeto de pronunciamiento” en dicha jurisdicción. En concreto, la juez emitió el lunes un auto recogido por Europa Press, después de que entre enero y febrero de este año las defensas de Minorbis; de la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto; y de los funcionarios de la Junta Pastora Sánchez la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza, todos ellos investigados, solicitasen que la causa fuese nuevamente archivada. La investigación, recordémoslo, deriva de la impugnación de la resolución del concurso internacional promovido por la Junta de Andalucía para adjudicar los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar, cerrada después del conocido desastre medioambiental de 1998, toda vez que a dicho concurso concurrieron la agrupación empresarial México Minorbis, —participada por la andaluza Magtel—, y Emerita-Forbes Manhattan. Tras ser adjudicados los derechos de explotación de la mina a México Minorbis, Emerita elevó a los juzgados una denuncia acusando a la Administración autonómica de presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude, alegando entre otros aspectos que su oferta económica superaba ampliamente a la de Minorbis. Merced a dicha denuncia, la juez llegó a apreciar “graves irregularidades” en el proceso de adjudicación, investigando incluso a la entonces directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio Coto, apartada de tal cargo hasta que la juez instructora del caso decidió archivar las actuaciones en de 2015. No obstante, Emerita y Manos Limpias impugnaron dicha decisión ante la Audiencia de Sevilla, que tras una deliberación en la que fue ponente la juez Mercedes Alaya, instructora inicial del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ordenó la reapertura de la investigación.

A tal efecto, la juez Patricia Fernández Franco esgrime que tras aquella orden de reapertura de las diligencias, la investigación cuenta con un “atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil” que incluye el análisis de los correos corporativos de las personas relacionadas con la causa en los que no se aprecia delito.