La Junta refuerza el sistema de dependencia para este año

El Consejo de Gobierno aprueba un plan para mitigar los efectos de los “recortes” del Ejecutivo central en materia de dependencia, avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta. La nueva estrategia, de carácter anual y con un presupuesto de 25 millones de euros, permitirá atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia a finales de este año, frente a las 183.000 que había hasta el pasado 31 de enero. En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, explicó que el plan aprobado, que tiene una duración prevista de un año, aunque algunas de las medidas se prolongarán en el tiempo porque son cambios normativos que seguirán en vigor, tiene como objetivo avanzar en la atención a las personas en situación de dependencia que no tengan prestación reconocida y agilizar el trámite de acceso. Según agregó, el objetivo es incorporar al sistema en este año a más de 76.400 personas, que en este momento tienen reconocido el derecho, pero no están incorporadas al sistema. En relación con la agilización de los trámites, la consejera explicó que esto exige un cambio normativo que perseguirá agilizar el itinerario de los expedientes, que suelen estar sujetos actualmente a un camino muy “tortuoso”. Manifestó que la ley contempla actualmente seis meses y que la Junta quiere ser rigurosa, como mínimo, con el tiempo de la ley y, además, establecer situaciones donde “podamos agilizar esos meses en función de la situación de la persona”. Según añade, se trataría de dos caminos: de un lado, los que entrarían por el acceso “normal, dentro del parámetro de tiempo que establece la ley” y, de otro lado, establecer un camino para que, en función de la situación en la que se encuentre la persona, anticipar su entrada al sistema. El plan cuenta con tres bloques de medidas, referentes a agilización de procedimientos, ampliación de supuestos de excepcionalidad y mejora de la atención a las personas con dependencia moderada. En el primero de estos ámbitos, el plan refuerza la colaboración con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones, dado que los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios. El segundo de los bloques amplía y define los nuevos supuestos de excepcionalidad en el acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales. Se incorporan así los menores de 21 años en etapa escolar; las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, y aquellas con necesidades especiales.