El Congreso rechaza el techo de gasto de Pedro Sánchez
El Gobierno volverá a presentar el proyecto en el plazo de un mes máximo
El Pleno del Congreso de los Diputados rechazó ayer el acuerdo sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para 2019-2021 propuestos por el Gobierno de Pedro Sánchez, que van acompañados del límite de gasto no financiero para 2019, conocido como ‘techo de gasto’. El Gobierno no ha conseguido sacar adelante la nueva senda presupuestaria ya que solo ha recibido 88 votos a favor, los 84 diputados del PSOE y cuatro del PNV, frente a 173 ‘noes’ del PP (134 diputados), Ciudadanos (32), UPN (2), Bildu (2), Foro Asturias (1) y Coalición Canaria (1) y el diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero, quien, según confirmó él mismo se equivocó. Se abstuvieron 86 diputados: 66 de Unidos Podemos, los cuatro de Compromís, los nueve de ERC y los siete del PDeCAT. Durante su intervención en el debate de la nueva senda de estabilidad y el techo de gasto de 2019, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, juzgó la política de “trinchera” y “pataleta” que rechaza la senda presupuestaria y las abstenciones porque supondrá un “daño gratuito” a la ciudadanía.
Montero criticó que el PP se empeñe en la “política del recorte”, así como Cs en la de “no subir impuestos ni gasto”, al que pidió encarecidamente que “no mienta”, porque el Gobierno “no va a subir los impuestos ni a los ciudadanos, ni a las pequeñas empresas, ni a autónomos, ni a las clases medias”. Además, reprochó a Unidos Podemos y a los independentistas su abstención, porque “no es lo que los ciudadanos esperan de las fuerzas progresistas”.
Pese a todos los contratiempos, Montero afirmó que el Ejecutivo configurará un proyecto presupuestario para 2019 y presentará en un mes la misma senda, descartando en declaraciones posteriores una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que establece que, en caso de que las Cortes no aprueben el techo de gasto, el Gobierno deberá volver a remitir a las Cortes un nuevo acuerdo en un plazo máximo de un mes. Sin embargo, en ningún momento establece que su aprobación sea imprescindible para la aprobación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el cual debe ser remitido por el Gobierno a las Cortes antes del 30 de septiembre, según recoge la propia Constitución.
Por su parte, la mayoría de los grupos que se han abstenido han instado a la ministra de Hacienda a que lleve a cabo una mejor negociación y a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para evitar que el Senado pueda vetar los objetivos de déficit.