El Gobierno pide a Bildu que se disculpe por la acción de ETA

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, recordó a la formación de izquierda abertzale EH Bildu que aún tiene pendiente “pedir perdón” por los “crímenes” perpetrados por la banda terrorista ETA y lamentó que el jueves perdieran esa oportunidad durante el debate en el Parlamento vasco de la Ley de abusos policiales. En su intervención en la Cámara vasca, el representante de Bildu Julen Arzuaga comparó a las asociaciones de policías que se oponían a la aprobación de la norma “con los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg”.

Celaá calificó las expresiones de Arzuaga “del todo inaceptables para cualquier democracia”. En opinión de la ministra de Educación y exconsejera del Gobierno vasco, el parlamentario vasco debería haber comenzado su interlocución “pidiendo perdón por los crímenes de ETA”. Más allá de la crítica a Arzuaga, Celaá señaló que la Ley de abusos policiales aprobada en la Cámara vasca no incluye ningún punto “que compare a las víctimas de ETA” con las de algunos excesos policiales.

La norma, aclaró, parte de un acuerdo alcanzado en el Parlamento vasco en 2011 por todas las fuerzas políticas, con la única excepción de UPyD, y que se proponía seguir extendiendo los recursos y legislación ya reconocida para las víctimas del terrorismo etarra y del franquismo a “algunos casos identificados, concretos, pocos, de víctimas de abusos por parte de alguna policía”.

“Esto no quiere decir que se esté vertiendo ninguna sospecha sobre los cuerpos de seguridad del Estado, gracias a los cuales pudimos salir del terrorismo de ETA”, con la cooperación de los demócratas españoles, el poder judicial y ayuda exterior, precisó. Muchas de las víctimas que dejó la actividad durante 50 años de ETA fueron miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a quienes Celaá trasladó en nombre del Gobierno “todo respeto y honra” por haber trabajado desde puestos “de muy difícil desempeño”.

Por otra parte, la Fundación de Víctimas del Terrorismo respaldó, en nombre de más de una veintena de asociaciones, que se recurra el nuevo texto de la Ley de reparación de víctimas de abusos policiales aprobado en el Parlamento vasco con el voto favorable del PNV y PSE, ya que mantienen que “favorece un relato falaz de toda la actividad terrorista desarrollada durante décadas por ETA”. En un comunicado, la fundación que preside Mari Mar Blanco defiende que la nueva norma “sigue invadiendo competencias exclusivas del Estado y ampara la vulneración de derechos fundamentales”.