El juez ordena el ingreso en prisión sin fianza para Ignacio González

LEl magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decretó anoche la prisión incondicional para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y ha dejado en libertad sujeta al pago de una fianza de 100.00 euros para el consejero de OHL Javier López Madrid en el marco de la operación Lezo que investiga presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II. El presunto cabecilla de la trama que investiga la Audiencia Nacional desde 2015 ha negado, durante cerca de tres horas de interrogatorio, todos los hechos que le imputan y ha afirmado que siempre ha actuado en el plano de la legalidad, según fuentes de la acusación. Estaba previsto que el exmandatario regional fuera trasladado en las próximas horas a la cárcel de Soto del Real. Por su parte, López Madrid (condenado a medio año de cárcel por el caso de las tarjetas ‘black’) ha declarado “efusivamente” durante poco más de una hora. Anticorrupción solicitaba para el yerno de Juan Miguel Villar Mir cárcel eludible bajo fianza de un millón de euros por autorizar supuestamente el pago de una comisión por valor de 1,4 millones de euros al expresidente regional. El último en declarar ante el juez instructor de la operación ha sido el exconsejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM) José Martínez Nicolás, que también ha quedado en libertad que se convertirá en prisión si no deposita 100.000 euros antes del 28 de abril.

Velasco investiga, entre otras operaciones presuntamente fraudulentas, el desvío de fondos del Canal de Isabel II por importe de 23 millones de euros a través de sociedades y filiales en Latinoamérica. Imputa a los detenidos presuntos delitos de pertenencia en organización criminal —un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción—, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos.

Entre los hechos que se investigan está la compra en 2013 por Inassa, la filial suramericana del Canal de Isabel II, del 75% de la sociedad brasileña Emissao Engenharia e Construçoes supuso una malversación de 25 millones de euros al patrimonio público madrileño y se realizó “a través de cuentas no autorizadas en paraísos fiscales”. El mecanismo malversador habría consistido, según el juez del caso, Eloy Velasco, en una “premeditada sobrevaloración del precio de compra de las participaciones”.

Así se señala en el auto por el que el juez Velasco decretó el ingreso en prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín, que fueron los primeros en pasar a disposición del juez en el marco de la investigación por presuntas irregularidades.