Forn y los “Jordis” dejan la vía unilateral ante el Supremo
No renuncian a la independiencia, pero dicen que dentro de la Constitución
Ell exconsejero de Interior de la Generalitat de Cataluña Joaquim Forn, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se desmarcaron de la vía unilateral en el proceso independentista y aceptaron actuar a partir de ahora siguiendo las vías constitucionales. Así lo declararon los tres ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del denominado ‘procés’, una causa en la que hay 28 imputados y en la que Forn, Sánchez y Cuixart son, junto con el exvicepresidente Oriol Junqueras, los únicos que están en prisión provisional.
Las declaraciones de ayer responden a peticiones que hicieron los tres para comparecer ante el instructor, después de que éste les mantuviera la medida de prisión. Tanto Forn como los conocidos como los “Jordis” contesatron a las preguntas de los fiscales Fidel Cadena y Jaime Moreno y de su defensa. Sólo el exconsejero ha respondido a la acusación popular que ejerce el partido Vox.
Pidieron declarar porque en anteriores comparecencias judiciales o bien se habían negado a contestar o lo habían hecho únicamente para expresar sus intenciones futuras de cara a conjurar su permanencia en prisión. Por eso, el juez no tomará ninguna decisión con respecto a sus medidas cautelares, sino que lo hará cuando los imputados le presenten sus respectivos escritos solicitando la excarcelación. Las defensas de Forn y Sánchez lo harán mañana previsiblemente, mientras que la de Cuixart será en los próximos días. Los tres investigados han reconocido la ilegalidad del referéndum independentista del 1 de octubre y que ese día, así como el 20 de septiembre —día de los registros judiciales en sedes de la Generalitat—, se produjeron actos violentos o vandálicos.
Pero mientras que Forn y Cuixart concretaron que cualquier objetivo político debe respetar la vía constitucional, Sánchez ha sido menos específico y no ha aludido directamente a la Carta Magna, sino que ha optado por afirmar que cualquier vía tiene que ser de respeto a la institucionalidad del Estado. Según las fuentes consultadas, el más claro en este sentido ha sido Joaquim Forn, quien manifestó que no renuncia a la independencia, pero que no hay otra manera de llegar a ella que no sea dentro del marco constitucional.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, explicó que seguirá como diputada de ERC en la cámara pero cree que, para presidir la cámara, “el nuevo momento político requiere de una figura libre, sobre todo de procesos judiciales”. “Dejo la presidencia del Parlament, pero no abandono la política en ningún caso. Seguiré trabajando para hacer un país mejor, más justo, democrático y libre que todos queremos y que estoy segura que conseguiremos”, ha recalcado en rueda de prensa en la cámara. Añadió que la decisión de no repetir como presidenta es personal sin nada que ver con otras cuestiones, y ha dejado claro así que empieza un nuevo camino como diputada, con una responsabilidad diferente pero “con la misma fuerza y voluntad de servicio público”. En su opinión, ha presidido la Cámara autonómica en una legislatura de “alto voltaje político y con una fuerte polarización”, pero asegura haber trabajado para los 135 diputados, a los que ha agradecido su tarea pese a lamentar momentos de máxima tensión en que se traspasaron líneas rojas.
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha reclamado nuevas pruebas tanto a la Guardia Civil como a diferentes órganos judiciales sobre el rol que jugó la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) bajo la presidencia de Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, en la estrategia para conseguir la independencia unilateral en Cataluña. En la providencia firmada el pasado 9 de enero, consultada por Europa Press, el juez del Supremo incluye entre los “elementos objetivos” reclamados a la Guardia Civil el contenido de las declaraciones públicas realizadas por Lloveras en los actos pro independencia en los que participó junto a los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, concretamente los días 13 de noviembre de 2016 y 11 de junio de 2017. En dichos actos, incluidos en los atestados de la Guardia Civil, se pronunciaron llamamientos instando a la desobediencia y al incumplimiento de la ley o de las resoluciones judiciales. El juez Llarena también quiere que la Policía Judicial le informe de las reuniones supramunicipales.