JuntsxCat pide al Parlament el voto delegado de Puigdemont
El abogado del expresident dice que no se le puede sancionar por sus actos
JuntsxCat registró en el Parlament la solicitud a la Mesa de voto delegado para el expresidente de la Generalitat y cabeza de lista de la candidatura, Carles Puigdemont, y los exconsellers Clara Ponsatí y Lluís Puig, que están en Bruselas. Así lo explicaron fuentes de la candidatura, después de que ya detallaran que la petición de delegación de voto de los tres querían hacerla a la Mesa de esta nueva legislatura, que se constituyó el miércoles. Por ello, el voto de Puigdemont, Ponsatí y Puig no pudo ser una realidad en el pleno de constitución del nuevo Parlament, pero sí el de los diputados electos Joaquim Forn y Jordi Sànchez, ambos encarcelados, ya que la Mesa de Edad de dicho pleno aceptó la solicitud de JuntsxCat de delegación de su voto.
Por su parte, el abogado belga de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, reveló que la Fiscalía española retiró la orden de detención europea contra el presidente de la Generalitat cesado tras los “contactos” que mantuvieron las fiscalías de ambos países. En una entrevista en “La Directa” recogida por Europa Press aseguró que la Fiscalía belga convenció a la española de que Puigdemont y los exconsellers que también están en Bruselas serían considerados impunes, por lo que los tribunales belgas rechazarían su extradición. “Una vez entendido que perderían el caso, la Fiscalía española decidió retirar la orden de detención europea”, sostuvo Bekaert, pese a destacar que la Fiscalía belga apoyaba la extradición, sobre todo para mantener la amistad con la española, y se esforzó para persuadir al tribunal belga de que se llevara a cabo. Sobre si Puigdemont y los exconsellers podrán volver a Cataluña, dejó claro que solo podrán hacerlo si se retira la orden de detención en España, y constató que, según la Constitución belga, no se puede sancionar a un cargo público por todo lo que hace en el ejercicio de su función.
Así, argumentó que si el Parlamento flamenco hubiera organizado un referéndum sobre la independencia de Flandes y la hubiera proclamado y ejecutado, “ni con todos los esfuerzos del mundo podrían poner a los ministros en la cárcel, esto es imposible”. “Lo máximo que se podría hacer es ir al TC y anular la decisión por inconstitucional. Es lo que España hizo a través de la retirada de la autonomía con el 155”, dijo.
El Gobierno gastó 87.103.355,05 euros en el dispositivo para movilizar hasta 6.000 policías de refuerzo en Cataluña por el desafío independentista, de los que 26,5 se destinaron para fletar y mantener el servicio de los tres barcos donde se alojaron policías y guardias civiles de la operación Copérnico. Según la documentación del Ministerio del Interior, consultada por Europa Press, los agentes que durmieron y comieron en los tres barcos supusieron un gasto añadido en dietas de otros 26,6 millones. Si se suman los agentes alojados en hoteles y en otras dependencias, la cifra en dietas asciende hasta los 43,3 millones. El ferry Moby Dada, también conocido como “barco de Piolín”, acarreó un coste para el erario público de 5,5 millones de euros. Para el Azurra se destinaron 8,5 millones y para el Rhapsody, otros 12,5 millones. Los policías criticaron especialmente el servicio a bordo del primero de los ferry, para el que se libraron 1,4 millones. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, culpa a la Generalitat de Carles Puigdemont y a su “ataque desleal” tanto a la Constitución como al Estatut de Cataluña de este coste, “sin duda muy importante”, según dijo en su comparecencia ante la comisión de Interior de la Cámara Alta.