La Fiscalía no acusa a Mas de malversación de fondos públicos

La Fiscalía Superior de Cataluña renuncia a acusar de malversación de fondos públicos, por el 9N, al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, a la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y a la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau, aunque mantiene que prevaricaron y desobedecieron la suspensión de la consulta por parte del Tribunal Constitucional (TC). La Fiscalía de Cataluña lo avanza en un escrito remitido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el que se opone a las peticiones de archivo de Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigau, al considerar “oportuno adelantar su posición” sobre este punto, en lugar de esperarse a hacerlo en el escrito de calificación acusatorio previo al juicio.

La decisión de la Fiscalía implica no pedir penas de cárcel para los investigados, pues la prevaricación y la desobediencia conllevan solamente penas de inhabilitación. La Fiscalía cree que la instrucción del caso, que ya finalizó, permite conocer el proceso de contratación de todos los servicios relacionados con la organización del 9 de noviembre “en un grado de detalle que no se tenía al inicio del procedimiento”. Ahora ve constatado que los gastos para la consulta, del 9 de noviembre de 2014, habían sido “comprometidos con anterioridad a la suspensión por el Tribunal Constitucional” porque se habían contratado aunque algunos se hayan pagado después. Asimismo, tiene dudas de si este es el caso también del centro de prensa que el Govern instaló, recientemente, en el recinto de Montjuïc.

Tras valorar la causa en su conjunto, la Fiscalía Superior de Cataluña cree que existe un “margen de duda” en cuanto a si se dan todos los elementos típicos del delito de malversación de caudales públicos, por lo que renuncia a acusarlos por ello. Eso sí, mantiene su acusación de desobediencia porque cree que los tres investigados, encabezados por Artur Mas, decidieron no acatar la decisión del Tribunal Constitucional, pese a que “conocieron y comprendieron perfectamente el contenido y efectos de la providencia del tribunal, la cual era clara e inequívoca”, al contrario de lo que argumentan las defensas.

Por otro lado, los grupos parlamentarios de JxSí y la CUP presentaron un texto conjunto en la comisión del Proceso Constituyente que incluye “un mecanismo unilateral de ejercicio democrático”, según expone el escrito recogido por Europa Press. Ambos grupos presentaron el viernes sus conclusiones por separado, pero el pasado lunes transaccionaron conjuntamente los escritos presentando un texto común al inicio de la última jornada de la comisión, en la que estaba previsto el debate y la aprobación de conclusiones, que se pretenden elevar a la Mesa del Parlament hoy martes para que las incluyan en el orden del día del último pleno del mes de julio.

El texto incluye una primera fase de proceso participativo, una de desconexión con el Estado, con convocatoria de elecciones constituyentes que conformarán una Asamblea Constituyente y que redactará la futura Constitución, y una tercera para ratificar la vía de referéndum. La segunda fase se hará a través de la aprobación de leyes por parte del Parlament.