La Guardia Civil identifica a los responsables de la web del 1-O

El número dos de Junqueras es señalado como coordinador del equipo

04 nov 2018 / 11:18 H.

La Guardia Civil atribuye “la responsabilidad última” del “diseño, activación y mantenimiento en el tiempo” de la web referendum.cat que la Generalitat utilizó para informar sobre el referéndum del 1 de octubre de 2017 que había sido declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, es del Departamento de Presidencia “en connivencia” con miembros de otras áreas del Govern. No ha podido determinar cuánto costó al erario público sostenerla. Según uno de los últimos informes entregados por la UCO al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga la organización del referéndum, al que tuvo acceso Europa Press, los implicados “articularon un plan preconcebido en el que participaron coordinadamente una pluralidad indeterminada de personas”, de las que identifica a varias, repartiéndose las tareas.

El informe señala de Presidencia al entonces director del Centro de Seguridad de la Información de la Generalitat, Xavier Gatius; al responsable de Riesgos en este organismo, Joan Manuel Gómez Sanz; el director de Estrategia del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), Josuè Sallent Ribes, a su director de Estrategia, Xavier Milà i Vidal, al técnico Daniel Crivillé Nogues y al responsable del Consorcio de Administración Abierta, Manel Sanromà.

Mientras, apunta la connivencia del que fue número 2 de Oriol Junqueras, y responsable de Economía del gobierno catalán, Josep María Jové Lladò, pues “ha quedado constancia por el contenido de las conversaciones telefónicas” recogidas por la Guardia Civil, de que estaba al corriente y debidamente informado sobre cuándo se iba a activar la página web del referéndum”. Asimismo, la UCO detalla la participación en el departamento de Gobernación, de Jordi Cabrafiga, Enric Ocaña y Manuel Sanromá; en Justicia, de Xavier Bernardi y Ana Rubio; y en el área de Exteriores, de Marta Garsaballa Pujol y Xavier Puig Farre, junto a personal al servicio de la Fundación privada Puntcat y la mercantil ubicada en Reino Unido Essi Projects. Entre ellos, utilizaban los sistemas SIGNAL y SKYP de comunicación segura “con la finalidad de no ser detectados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” y contaron además con “la necesaria colaboración de personas ubicadas en el extranjero”.