La jueza de Palma abre la causa para sentar en el banquillo a los seis hijos varones de Ruiz-Mateos

La jueza de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma abrió la vía para sentar en el banquillo a los seis hijos varones del empresario José María Ruiz-Mateos por una presunta estafa, por valor de 13,93 millones de euros, en la operación de compraventa del Hotel Eurocalas, en Calas de Mallorca. Asimismo, declara extinguida la responsabilidad penal del fundador de Nueva Rumasa a raíz de su fallecimiento en septiembre de 2015. Así consta en el auto de transformación a procedimiento abreviado, al que tuvo acceso Europa Press, que dictó la jueza de adscripción territorial María Pascual, contra Zoilo, Alfonso, Pablo, Javier y Álvaro Ruiz-Mateos, así como contra los representantes legales de la sociedad Calwell Alliance: Zoilo Pazos Jiménez (sobrino del empresario gaditano) y Nicolás Faure.

Los hechos responden a la querella interpuesta en 2011 por Inversiones Grupo Miralles contra el patriarca de la familia Ruiz-Mateos, sus hijos y los dos administradores. Sobre todos pesan presuntos delitos de alzamiento de bienes y societario. La decisión de no acudir en su día a los llamamientos de la jueza para declarar como imputado provocó que aquella ordenara la detención del impulsor del “holding” de la abeja, quien llegó a pasar una noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Baleares a la espera de pasar, finalmente, a disposición de la instructora.

Tal y como recoge la resolución judicial en virtud de la querella suscrita por la abogada Isabel Fluxà, fue en mayo de 2006 cuando Grupo Miralles formalizó la venta a Calwell del 99,99% del capital social de Bastimentero, entidad propietaria del Hotel Eurocalas, por 23,67 millones de euros. Del importe total, se abonó 789.028 euros y se acordó el pago aplazado de 22,88 millones de euros a través de pagarés con vencimientos mensuales y con la garantía y el aval de la sociedad Montumo, así como de José María Ruiz-Mateos y todos sus hijos varones con avales personales hasta la suma de 24 millones de euros. “Todos avalaron con evidente mala fe, aprovechándose de su ‘acreditada solvencia de cara a la galería’ gracias al nombre de Nueva Rumasa, puesto que ninguno de ellos ni tenía ni tiene activo alguno a su nombre, al menos en España, y tampoco lo tenía la entidad Montumo”, denuncia la querella.

Los pagarés se abonaron hasta que en el verano de 2010 quedaron interrumpidos los pagos y, en enero de 2011, “dados los problemas de cumplir el calendario de pagos”, se acordó rebajar las cuotas mensuales a la mitad durante un periodo de dos años y sustituir el aval de Montumo por los de Clesa. Menos de tres meses después, Clesa presentó concurso de acreedores, lo que, a juicio del denunciante, “demuestra el engaño por parte de los deudores”.