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URGENTE

Mariano Rajoy pasa al contraataque

El presidente exige impugnar ante el Tribunal las normas aprobadas en el Parlament
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08/09/2017
  • CATALUÑA. Mariano Rajoy, tras presidir el Consejo de Ministros extraordinario por el referéndum.
    CATALUÑA. Mariano Rajoy, tras presidir el Consejo de Ministros extraordinario por el referéndum.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer que dio orden de impugnar ante el Tribunal Constitucional las normas aprobadas por el Parlament y la Generalitat para convocar un referéndum secesionista del próximo 1 de octubre.

Además, precisó que pedirá al alto tribunal que notifique a todos los altos cargos de la Generalitat relacionados con la organización de la consulta y a los 947 alcaldes de Cataluña que tienen “el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum”. Rajoy compareció tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, después de haber recibido los dictámenes del Consejo de Estado, favorables a la impugnación, y haber “escuchado a los miembros del gabinete”. Según explicó, dio instrucciones a la Abogacía del Estado para que, por un lado, presente un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del referéndum aprobada el miércoles por el Parlament y, por otro, impugne los decretos firmados después por el Gobierno de la Generalitat: el de convocatoria del referéndum y el que recoge las normas complementarias para su realización. Adicionalmente, el Gobierno también va a impugnar la resolución 807/11 del Parlament, en la que se designan cinco miembros de la Sindicatura Electoral. En los textos que presente ante el TC, el Gobierno va a pedir “la nulidad de todos estos actos” y también va a solicitar que decrete la suspensión de todos ellos a la espera de la sentencia. Además, pide que se notifique personalmente esta suspensión al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a los miembros de su Gobierno, a los “principales altos cargos de la Generalitat que de una forma o de otra estén relacionados con la organización del referéndum” y también a los 947 alcaldes de la comunidad autónoma. Rajoy puntualizó que el Gobierno también solicita al TC que, en esas “notificaciones personalizadas”, se “advierta a todos ellos de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa tendente a la organización del referéndum”. Por otro lado, el pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite el incidente de ejecución presentado por el Gobierno contra la resolución de la mesa del Parlamento de Cataluña que permitió la tramitación de la ley de referéndum de autodeterminación, cuya celebración está anunciada para el 1 de octubre. Reanudaron la sesión a las 19 horas para estudiar los recursos de inconstitucionalidad que presentará el Gobierno tras la aprobación la noche del miércoles de la citada ley y de la aprobación del decreto para convocar la consulta, han informado fuentes del tribunal.

Además, el tribunal de garantías aceptó la personación de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell como parte del incidente de ejecución. La decisión se produce después de que el miércoles la Cámara catalana debatiera y aprobara la norma que regulará la celebración del referéndum de autodeterminación. La admisión del incidente constituye el primer paso del tribunal de garantías para dar respuesta a las últimas decisiones con las que el Parlamento y el gobierno catalanes buscan hacer realidad la ruptura con España. Permitirá un debate que puede concluir con la declaración de nulidad de las citadas resoluciones y, por ende, de las normas que se hayan aprobado como consecuencia de ellas. Antes de comenzar con este debate el Constitucional rechazó de plano por “impertinente y abusiva” la recusación presentada por la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, contra los doce magistrados que integran este órgano, a quienes consideraba “contaminados” para decidir sobre la aplicación de medidas de ejecución de sus sentencias en relación con el proceso independentista. Los magistrados se reunieron ayer tarde para estudiar los recursos de inconstitucionalidad que anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.