Montoro explicará por qué niega malversación en el 1-O

El magistrado del Tribunal Supremo que instruye la causa del “procés” soberanista en Cataluña, Pablo Llarena, ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe “a la mayor brevedad posible” sobre el soporte objetivo en el que se basa para afirmar que ni un euro de dinero publico fue destinado a pagar la consulta ilegal del 1-O, ya que ello contradice “las fuentes de prueba recogidas” en esta investigación judicial. En una providencia, el magistrado hace alusión a que durante las declaraciones indagatorias realizadas el pasado lunes, varios de los procesados en prisión habrían aludido en su defensa a las manifestaciones al diario “El Mundo” en las que Montoro supuestamente expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación ilegal. Por ello, requiere al ministro de Hacienda a fin de que informe a “la mayor brevedad posible” sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones.

Por su parte, los abogados de la acusación popular en la causa que se tramita en el Tribunal Supremo por el “procés” soberanista en Cataluña, ejercida por Vox, señalaron que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, debería dimitir si la instrucción demuestra que ha existido malversación de fondos públicos para pagar los gastos del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. “Esperamos que cuando se acredite que hay malversación Montoro presente la dimisión, por dar argumentarios falsos a los procesados por los delitos más graves contra la democracia y por su falta de control de fondos públicos”, manifestó Ortega Smith.

Por otra parte, la acusación popular dijo expresar su “absoluta satisfacción” por el auto de la sala de apelaciones del Supremo que rebatió, a su juicio, de “forma contundente” la decisión del tribunal alemán de Schleswig-Holstein de descartar la entrega del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont por el delito de rebelión. Cabe destacar que el letrado de Vox destacó que por un lado, desmonta la resolución alemana desde el punto de vista de los hechos. “Esto se debe porque lo que allí fue solo una protesta de un grupo ecologista que es incomparable con una revuelta de dos millones de personas en la calle intentando llevar a cabo una votación prohibida en una resolución judicial”, expresó Ortega Smith.