Querella contra el juez que pidió registrar Europa Press

La Agencia Europa Press, el Diario de Mallorca y los periodistas José Francisco Mestre y Blanca Pou presentaron ayer una querella en el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares contra el juez de Instrucción número 6 de Palma de Mallorca, Miguel Jesús Florit Mullet, que fue quien ordenó el pasado martes la incautación de teléfonos móviles de estos profesionales, el registro de sus redacciones y la aprehensión de ordenadores y documentación de Europa Press, en el marco de una investigación relacionada con el caso Cursach, con el objeto de determinar el origen de una información periodística. La querella considera que el auto del juez Florit constituye “un ataque letal a una de las normas esenciales para el desarrollo de la vida en democracia” y que se produjo una conculcación del secreto profesional del periodista “disparatada e insólita”.

La acción penal se presenta por los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas y se pide que la investigación se amplíe a “las demás personas que resulten ser partícipes de los hechos”, que merece la condena mayoritaria de la profesión periodística en nuestro país. Además, los querellantes piden la “inmediata devolución” de los materiales incautados.

Por su parte, los partidos políticos denunciaron la situación. Adriana Lastra, “número dos” del PSOE, mostró su rechazo a la decisión y subrayó que en una “democracia plena y consolidada no caben estas actuaciones”.

El presidente del PP, Pablo Casado, lamentó lo ocurrido ya que “que en España llamen a la puerta de un medio de comunicación a requisar información creo que es una mala noticia que condeno”.

El líder de la formación naranja, Albert Rivera, afirmó que la libertad de prensa es un derecho fundamental dentro de una democracia, señalando que “no hay democracia sin prensa”. Por otro lado, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, admitió que es un grave caso ya que cualquier agresión que trate de “amedrentar” a los periodistas cuando investigan casos de corrupción es ir “contra la democracia”.