Doce condenados por Iniosa, la gran estafa olivarera de la década

Los castigos más elevados son para los cabecillas de toda la trama, es decir, Enrique Fuentes Ibáñez, Luis García Bolívar y Magí Joan Benet Miol. A los tres se les considera autores de un delito de alzamiento de bienes y otro continuado de estafa, por los que se les impone una pena de cinco años, seis meses y un día de prisión.
De igual modo, se condena también por estafa a tres años y medio a José F. M., el hombre de confianza de Enrique Fuentes Ibáñez. En su labor de comercial, era el encargado de captar a los olivareros que llevaron a Iniosa sus cosechas del año 2001-2002 y que no vieron ni un solo euro por ella. Completan la nómina de culpables los testaferros, es decir, personas cercanas a Fuentes Ibáñez, a los que se les ha impuesto un año de cárcel por un delito de alzamiento de bienes. A todos los condenados se les ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas —la Justicia ha tardado más de una década en sentenciar este caso—.
La resolución, cuya ponente ha sido la magistrada María Jesús Jurado, asume como suya la tesis de que Enrique Fuentes Ibáñez “planificó y ejecutó” una operación que concluiría con la quiebra de Iniosa, con el único objetivo de eludir una importante deuda que había acumulado con la Agencia Tributaria —un perito la cifró en el juicio en casi nueve millones de euros—. La sentencia enumera todas las operaciones concatenadas realizadas por este empresario jiennense para ocultar todos sus bienes al fisco. Así, toda la trama arranca cuando Fuentes Ibáñez y Luis García Bolívar se asocian en septiembre de 1999 para fundar Iniosa, un gran complejo aceitero con sede en Porcuna. En virtud de ese contrato, ambos se comprometían a invertir 1.000 millones de pesetas en el gigante recién creado. Sobre el papel, todo el patrimonio de Enrique Fuentes pasó a la nueva empresa. Sin embargo, fueron operaciones simuladas. De hecho, en la sentencia se da por probado que las empresas nunca salieron del control del considerado “cerebro” de la trama, que las mantuvo bajo su dominio a través de “sociedades pantalla, testaferros, familiares y allegados”. De este modo, y después de varias operaciones de transmisión, Iniosa fue “vaciada”. Se quedó sin patrimonio y sin su principal fuente de ingresos. En junio de 2003, presentó la quiebra voluntaria. Enrique Fuentes fue el gran beneficiado de todo este proceso: Eludió el pago de sus deudas con Hacienda y recuperó buena parte de las propiedades que había aportado a la empresa quebrada.
El alzamiento de bienes tuvo una consecuencia colateral. La estafa a decenas de olivareros de Jaén y Córdoba que llevaron su aceituna a Iniosa en la campaña 2001-2002. Con anterioridad a esa fecha, casi todos los afectados vendían sus cosechas a Enrique Fuentes. Nunca tuvieron problemas para cobrar. Esa confianza fue aprovechada para engañarlos, tal y como se describe en la sentencia. El “cerebro” de la trama les prometió, bien directamente o bien a través de sus empleados,  condiciones ventajosas si llevaban la aceituna a Iniosa. Sin embargo, los olivareros solo recibieron a cambio de su aceituna pagarés sin fondos. Los acusados “conocían y eran conscientes de su falta de medios para pagar”, sostiene la resolución, que rechaza de plano la tesis de la defensa de que las deudas con los olivareros se debieron a la crisis del orujo y no a una estafa.
La resolución, que se puede recurrir, absuelve a los acusados de un delito contra la Hacienda Pública y otro societario, al entender que no hay pruebas concluyentes de que Iniosa tuviera doble contabilidad.