La dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, era una cuestión de tiempo. El deterioro de su imagen y de la propia institución por sus continuos viajes sin justificar calaron en una sociedad y, poco a poco, en sus propios compañeros. Aunque la Fiscalía General del Estado hubiera archivado la denuncia por malversación interpuesta por el vocal José Manuel Gómez Benítez, la situación era insostenible porque hasta magistrados que no exigieron su dimisión comprobaron con cada revelación periodística que el caso lejos de apagarse iba a más cada día.
El pleno extraordinario de ayer tenía otros puntos, pero nada más comenzar la sesión la intervención del malagueño despejó por fin un conflicto en el que perdía apoyos por días. De hecho, de no haber dimitido, la presión interna le hubiera abocado a salir por la puerta de atrás. Dívar tiene así el dudoso honro de ser el primer presidente del Tribunal Supremo que se ve obligado a dimitir en 200 años. El máximo representante de una institución con un presupuesto de 74 millones de euros sostiene que se va sin tener conciencia de haber hecho nada malo, “pero la situación era insostenible”. Su apreciación personal dista mucho de lo que en estos momentos exige la sociedad española de sus mandatarios. Al margen de los reproches legales o penales de su conducta, éticamente sus acciones y explicaciones son éticamente reprobables. La transparencia de las instituciones sobre el papel tiene que tener correspondencia y mecanismos internos que depuren responsabilidades. Dicen que ahora se abre un nuevo periodo de “regeneración y transparencia” en esta institución jurídica, lo realmente importante sería que esa regeneración se extrapolara al resto de ámbitos políticos. La sociedad lo exige y lo hace cada vez de forma más certera.
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