Rechazan restablecer el veto migratorio de Donald Trump

El tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, compuesto por tres jueces —dos de ellos designados por presidentes demócratas y uno, por un republicano—, decidió que no restablecerá la orden migratoria aprobada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que fue bloqueada la semana pasada por el juez James Robart, de Seattle. La decisión, anunciada en un documento de 29 páginas, se tomó de forma unánime. Los tres jueces, Michelle Friedland —nombrada por el anterior presidente de Estados Unidos, Barack Obama—, William Canby —designado por Jimmy Carter—, y Richard Clifton —elegido por el expresidente George W. Bush—, rechazaron los argumentos presentados por el Gobierno. Tras conocerse el fallo del tribunal, la que fue su rival en la carrera presidencial, la demócrata Hillary Clinton, escribió un breve comentario en Twitter, únicamente con el resultado de la votación: “3-0”, escribió la exsecretaria de Estado, después de haber mantenido un perfil muy bajo desde su derrota en los comicios. El representante del Departamento de Justicia, el abogado August Flentje, ya advirtió tras su audiencia con los magistrados que creía no haber conseguido convencerlos con su argumentación, basada en que los estados no pueden desafiar el decreto presidencial. El tribunal invalidó así la petición de Trump de rechazar el bloqueo y restablecer la orden ejecutiva por razones de seguridad, petición que, desde el punto de vista de los tres magistrados, “va en contra de la estructura fundamental de la democracia constitucional” de Estados Unidos. Asimismo, afirmaque a pesar de que este y otros tribunales de distrito pidieron a la Casa Blanca “que explique la urgente necesidad de que esta orden ejecutiva se restablezca de forma inmediata”, el Gobierno no presentó ninguna prueba que refute los argumentos presentados para bloquearla. En referencia a la amenaza de atentados terroristas, tema clave en la retórica de Trump, los jueces subrayaron que Washington no presentó ninguna prueba “de que algún extranjero de ninguno de los países incluidos en la orden de presidente haya perpetrado algún ataque terrorista en Estados Unidos”.