¿Qué delito ha cometido?

Hace unas semanas, cuando estábamos recogiendo firmas en la Universidad de Jaén para evitar la ejecución de tres jóvenes de Arabia Saudí, en base a una serie de delitos que presuntamente cometieron cuando eran menores de edad, un número importante de jóvenes no firmaba sin saber qué delitos habían cometido. Para ellos, la condena a muerte podía ser una respuesta justa para determinados delitos y, por ello, su actitud de colaborar en evitar la ejecución dependería del delito cometido, obviando el hecho de que eran menores de edad cuando cometieron el presunto hecho delictivo. Tanto el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, como la Convención sobre Derechos del Niño, prohíben expresamente condenar a la pena de muerte a personas que en el momento de cometer el delito tuvieran menos de 18 años. Solamente Estados Unidos y Etiopía no han firmado dichos tratados.

A pesar de ello, entre 2005 y 2015, Amnistía Internacional ha constatado 73 ejecuciones de personas menores infractoras y al menos 160 menores se encuentran en el corredor de la muerte. Irán encabeza los países en los que más menores de edad son condenados a la pena de muerte. En Irán, niñas de 9 años y niños de 15 pueden ser condenados.

En muchos casos, los juicios en que se dictan estas condenas se basan en confesiones arrancadas bajo tortura y, por ello, en juicios poco respetuosos con los derechos humanos en los que es fácil cometer un error judicial que, además, es irreversible. Podríamos poner muchos ejemplos de estos errores. Nos limitaremos a decir que en un estudio de 1987 se comprobó que 350 personas condenadas con pena de muerte eran inocentes. De ellas, 23 fueron ejecutadas. También está demostrado que la pena de muerte afecta más a los sectores más desprotegidos y que se usa como instrumento de represión política condenando a inocentes.

Los delitos a los que se aplica son sorprendentes: asesinatos, adulterio, prostitución, pornografía, corrupción política, secuestro, violación, homosexualidad y drogas, por ejemplo. Por ello, Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción como la negación más extrema de los derechos humanos y es el castigo más cruel, inhumano y degradante. Trabajamos para poner fin a las ejecuciones desde 1977, año en el que sólo nueve países habían aprobado la abolición de la pena de muerte. Hoy en día, esa cifra asciende a 140, casi dos tercios del total mundial. Y nos congratulamos de haber contribuido a ese cambio.

Pero, no podemos bajar la guardia. En 2015 hubo un aumento espectacular —al menos 1.634—, el más elevado que ha registrado Amnistía Internacional desde 1989. De todas las ejecuciones registradas en 2015, el 89 % se llevaron a cabo en sólo tres países: Arabia Saudí, Irán y Pakistán. Y ello sin contar los datos de China que son secretos.El número de países que llevaron a cabo ejecuciones aumentó: de 22, en 2014, a 25, en 2015.

Lo más anecdótico es que la pena de muerte es un mal instrumento para combatir el delito. Los delincuentes no cometen los delitos después de calibrar las consecuencias. Los estudios científicos realizados no han podido nunca encontrar pruebas que demuestren que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio frente al crimen que otros castigos. El estudio más reciente acerca de la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios, elaborado para la ONU en 1988 así lo demuestra. Es más, en países que han abolido la pena de muerte descendió el nivel de homicidios tras la abolición.

Yo me pregunto ¿vale la pena arriesgarnos a matar a un inocente para tan poca ganancia? ¿Realmente vale la pena? Para nosotros, desde luego, no.