A juicio por confundir un diagnóstico y operar un tumor que no existía

El próximo 30 de noviembre, dos médicos del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda se sentarán en el banquillo del Penal número 2 para responder de un supuesto delito de lesiones por imprudencia profesional. Presuntamente, ambos facultativos confundieron el diagnóstico de un paciente, al que operaron de un cáncer de colon que no existía. Según las acusaciones, el error se produjo debido a que no ordenaron la realización de una resonancia magnética, tal y como establece el protocolo sanitario para estos casos. La intervención quirúrgica originó un largo proceso de recuperación de la víctima, que sufre aún importantes secuelas físicas. El paciente, un vecino de Orcera que actualmente tiene 55 años, reclama para los médicos que lo operaron una condena de dos años de cárcel y el pago de una indemnización de 183.000 euros. La Fiscalía considera que los hechos constituyen tan solo una falta —el escrito de acusación fue realizado antes de la reforma del Código Penal—. En principio, pide que paguen una multa de 300 euros y que la aseguradora del SAS compense a la víctima con 53.000 euros.

Los hechos se remontan a enero de 2011 cuando al denunciado se le diagnóstico un cáncer de colon tras la práctica de diversas pruebas. Fue derivado de forma urgente al servicio de Cirugía General del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda, donde uno de los facultativos acusados, A. R. G., lo incluyó en la lista de espera quirúrgica. El 21 de enero, el paciente fue intervenido por R. F. M., el otro médico que se sentará en el banquillo. Tras “abrir”, el doctor no halló el tumor. Posteriormente, la operación trajo complicaciones, lo que hizo que le quedaran importantes secuelas.

El procesado sostiene que los acusados incurrieron en “un error de diagnóstico” debido a que no aplicaron el protocolo en materia de cáncer de recto. En estos casos, está indicada la realización de una resonancia magnética pélvica: “No se debió indicar la cirugía sin completar el estudio”, señala el escrito de acusación presentado por el denunciante. La Fiscalía aclara que esa prueba es el “medio más idóneo”. El hombre afirma que sufre unas lesiones permanentes que constituyen una incapacidad absoluta para su ocupación habitual, “además de los daños psicológicos ocasionados”.