A juicio por fraude con las peonadas

Penas de hasta tres años de cárcel. A esos castigos se enfrentan trece personas —casi todas vecinas de Valdepeñas— acusadas por el conocido como “fraude de las peonadas”. En román paladino, simulaban jornales de trabajo para poder acceder al subsidio del campo. Las acusaciones sostienen que defraudaron más de 105.800 euros a las arcas de la Seguridad Social. La Abogacía del Estado sostiene que los encausados crearon “una trama defraudatoria”, basada en la “creación de relaciones laborales que eran inexistentes”. Así, tres de los procesados, que tenían empresas dedicadas al sector agrario, dieron de alta a los otros diez acusados en distintos periodos comprendidos entre los años 2011 y 2015: “El objetivo no era otro que acreditar la realización de las 35 jornadas que se requieren para obtener el subsidio de la renta agraria”, aclara la Fiscalía.

Una investigación de la Inspección de Trabajo y de la Guardia Civil puso al descubierto estas supuestas irregularidades. Un simple cruce de datos hizo saltar las alarmas: los agentes descubrieron que había jornaleros que estaban dados de alta en días en los que sus patrones no llevaron ni un kilo de aceituna a la almazara. Así que tiraron de ese hilo y llamaron a declarar tanto a los empresarios como a los trabajadores. Algunos reconocieron ante los investigadores que no habían dado ni un solo jornal y que les habían firmado los contratos para poder alcanzar las 35 peonadas necesarias para cobrar el subsidio. La Guardia Civil determinó que había tres empresarios del campo implicados y diez falsos jornaleros. Alguno de estos trabajadores llegó a percibir más de 17.000 euros del subsidio agrario que, presuntamente, no le correspondían. Son las trece personas que se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por un delito contra la Seguridad Social. La Fiscalía reclama el mismo castigo para todos los procesados: un año y once meses de prisión y la pérdida de acceder a subvenciones o incentivos fiscales durante cuatro años y medio.

La Abogacía del Estado, que también está personada en el procedimiento, es mucho más dura es su calificaciones. Para los empresarios acusados de firmar las peonadas pide una condena de tres años de cárcel, más una multa de 2.400 euros; y para los supuestos falsos jornaleros reclama dos años y medio de cárcel.

Las acusaciones sostienen que la cantidad defraudada a las arcas de la Seguridad Social asciende a 105.872 euros. Solicitan que los acusados devuelvan el dinero, más los intereses de demora, en caso de ser condenados. En principio, las defensas de los encausados niegan todos los cargos y sostienen que todo fue legal. Por ello, piden la libre absolución.

Este caso de presunto fraude en las peonadas es uno de los pocos detectados que han llegado a un juicio por la vía penal. La vista oral está pendiente de fecha en un Juzgado de lo Penal.