A juicio por hacer falsos contratos para cobrar ayudas

Cuatro años de cárcel. Eso es lo que el Ministerio Público reclama para dos empresarios que, a partir de la semana que viene, se sentarán en el banquillo de los acusados del Penal número 2. Tendrán que responder como presuntos autores de un delito de fraude en las subvenciones. Según la Fiscalía, recibieron ayudas públicas por valor de 1,17 millones de euros. Un dinero que tenía como objetivo la contratación de personas con discapacidad. Sin embargo, el Ministerio Público asegura que la empresa no cumplía las condiciones exigidas por la Administración para cobrar esos incentivos.

El escrito de acusación provisional de la Fiscalía expilca que Moisés M. L. y Juan Eduardo S. B. “idearon un procedimiento para defraudar a la Hacienda Pública andaluza. Así, gracias al soporte que les ofrecía la empresa MKF —de la que ambos eran administradores mancomunados— obtuvieron subvenciones para incentivar la integración laboral de personas con discapacidad. En concreto, la sociedad recibió subvenciones públicas a lo largo de los años 2008, 2009 y 2010, que sumaron más de 1,17 millones de euros. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene como tesis que esas 95 contrataciones fueron ficticias y que los trabajadores eran despedidos, algunos de ellos sin llegar siquiera a desempeñar actividad laboral alguna.

En la causa también está personado el sindicato Comisiones Obreras, que fue el que destapó el caso en junio de 2011, después de recibir quejas de los discapacitados contratados por la empresa. En muchos de esos testimonios se reflejaba “un infierno laboral”. En este sentido aseguraron que les obligaban a firmar nóminas que nunca cobraron o que no disponían de ordenadores ni teléfonos para llamar a clientes —a pesar de que era una empresa de telemarketin—.

Por estos hechos, la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel para cada uno de los dos empresarios acusados. Además, solicita el pago de una multa de 3,53 millones de euros y que devuelvan las subvenciones que recibieron indebidamente. Ya hubo un primer intento de juzgar este caso. Fue el 15 de junio de 2015, en la Audiencia. Sin embargo, los magistrados de la Sección Segunda decretaron la nulidad de actuaciones y que se repitiera la instrucción de la causa porque no se les había tomado declaración a los acusados en los juzgados de Jaén. Así se hizo y el fiscal volvió a presentar cargos contra ellos. El juicio está previsto para el martes.