A juicio tres farmacéuticos por inflar facturas al SAS
Presuntamente, defraudaron casi 2,5 millones de euros con falsas recetas
Tres farmacéuticos de la provincia se tendrán que sentar en el banquillo de la Audiencia acusados de delitos de falsedad en documento oficial y estafa. Presuntamente, inflaron facturas que presentaban a la sanidad pública por la dispensación de medicamentos a través de “un sistema defraudatorio” basado en la manipulación de las recetas. Según el fiscal, una de ellas, María Laura H. G., con despacho en la capital jiennense, se apropió de 932.684,89 euros. Los otros procesados, Antonio Jesús M. P. y su esposa Carolina G. C., regentan una botica en Huelma en la que, presuntamente, estafaron 1.555.000 a las arcas del SAS. En total, un supuesto fraude de casi dos millones y medio de euros de dinero público. La Fiscalía reclama para cada uno de los tres acusados una condena de cuatro años y medio de cárcel. Ambos casos serán juzgados por separado en la Audiencia Provincial.
Además y de forma paralela, el Juzgado de Instrucción número 4 de Jaén, que ha llevado las diligencias, ha impuesto el pago fianzas para “asegurar posibles responsabilidades pecuniarias”. En concreto, la farmacéutica de la capital debe pagar con carácter previo al juicio 1,3 millones de euros. Los dueños de la botica de Huelma han de depositar dos millones de euros cada uno en la cuenta judicial habilitada.
Los escritos de acusación de ambos procesos describen el “modus operandi” que, presuntamente, realizaban los acusados para “percibir cuantiosos ingresos económicos”. En román paladino, consistía en engordar su facturación al Servicio Andaluz de Salud, colando medicamentos que realmente no despacharon y pasando al cobro medicamentos no genéricos y, por tanto más caros, cuando en realidad habían vendido un genérico. Deja entrever el fiscal que los acusados se aprovechaban para cometer la supuesta estafa de un fallo en el mecanismo de verificación utilizado por el SAS: “Amparaban su impunidad en la creencia de que la Administración no dudaba de la eficacia de su sistema de control”, dice, literalmente, el Ministerio Público.
De hecho, presuntamente, realizaron su actividad delictiva entre septiembre de 2012 y agosto de 2016, cuando la Guardia Civil de Jaén ya se puso tras la pista tras detectarse irregularidades en la facturación de estas oficinas de farmacia. La investigación del Instituto Armado puso de manifiesto que pasaban al cobro del SAS medicamentos que, realmente, no habían entregado a los pacientes. En algunos casos, incluso, “el médico no había prescrito el producto facturado y, supuestamente, dispensado y ni siquiera el paciente había pasado consulta con ese doctor”.
¿Cómo se ha llegado a determinar el cálculo de la cantidad supuestamente defraudada? Se ha realizado una comparación entre lo que los farmacéuticos acusados le facturaron al SAS en medicamentos entre septiembre de 2012 y agosto de 2016 y las compras que realizaron a sus proveedores en ese mismo periodo. Según el fiscal, distribuyeron muchos más productos de los que realmente dispensaron en sus boticas. En el caso de María Laura H. G., el supuesto fraude asciende a 932.684 euros; la cuantía en el caso de los farmacéuticos de Huelma es de 1,55 millones de euros.
Antes de la celebración del juicio, las defensas deben plantear sus escritos de defensa. Los procesados siempre han negado los cargos y han defendido la legalidad de sus actuaciones.
La investigación de la Guardia Civil determinó que una oftalmóloga, Ascensión P. R., entregó a la farmacéutica María Laura H. G. nueve recetas en las que se prescribía a sí misma un medicamento. “La finalidad era obtener esa medicina a través del SAS y no abonar su importe (287 euros), para facilitárselo a su madre”, dice el fiscal, que la acusa de un delito de estafa y pide para la doctora un año de prisión.
La investigación, bautizada por la Guardia Civil como operación “Fuera de línea”, comenzó en el verano de 2016. En principio, las pesquisas se centraron en problemas con la facturación de una oficina de farmacia en concreto. Había carencias con los documentos que presentaba el profesional titular. Y, pese a los requerimientos que se le hacían, los documentos que permitían verificar si las recetas estaban en regla no llegaban. Ante las dudas surgidas, se hicieron más controles que destaparon otras situaciones supuestamente irregulares. A partir de ahí, el Instituto Armado puso en pie una indagación mucho más compleja para investigar un posible fraude global de todas las farmacias jiennenses en la facturación de recetas al SAS. Toda la red provincial de farmacias, compuesta por 309 establecimientos, estuvo en el punto de mira de la Guardia Civil. No obstante, los agentes determinaron que no había un fraude generalizado y que las supuestas irregularidades en la facturación se ceñían a dos establecimientos. Por ello, la juez Carmen Ballesteros archivó la causa general y solo siguió adelante con el procedimiento contra los tres acusados. El Colegio de Farmacéuticos está personado en el procedimiento como acusación particular y pide cinco años de cárcel para los tres boticarios procesados.