Acusado de apropiarse de 29.000 euros de la formación

El Juzgado de lo Penal número 2 acogió ayer la causa contra A. M. Z., que fuera director y responsable de una academia ubicada en la capital. Fue uno de los detenidos por la Policía Nacional en el marco de la operación “Edu”, desarrollada a partir de marzo de 2015 y que destapó un supuesto fraude en los cursos de formación subvencionados por la Junta de Andalucía. Presuntamente, contrataba a monitores a los que les pagaba a 18 euros la hora, pero facturaba a la Administración autonómica como si cobrasen a 55 euros. Según la Fiscalía, se embolsó la diferencia: 29.088 euros. Está acusado de un delito de apropiación indebida, por el que se enfrenta a una petición de condena de dos años de cárcel. La Junta, que está personada como acusación particular, le imputaba inicialmente un segundo delito de fraude en las subvenciones que, ayer, retiró en la vista oral. A. M. Z. negó todos los cargos y defendió la legalidad de todo el procedimiento.

El Ministerio Público relata que el centro, que era propiedad de la cuñada del acusado, recibió dos subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo por un importe total de 143.717 euros. En principio, el dinero estaba destinado a la realización de dos cursos sin compromiso de contratación, que se realizarían de febrero a noviembre del año 2011: uno de empleado de oficina y otro de administrativo comercial. Según el fiscal, A. M. Z. exigía a los tutores que impartían las clases que firmaran facturas de 55 euros la hora, “cuando ellos realmente cobraban 18 euros la hora, tal cual habían aceptado en su contrato con la academia”. Presuntamente, el director del centro formativo se quedaba con la diferencia.

Tres de los profesores que ya contaron esta situación a los investigadores de la operación “Edu” ratificaron ayer ante la magistrada Carmen Carpio que firmaban las facturas “infladas” por orden de A. M. Z., tal y como explican las fuentes consultadas. Testimonios que también fueron confirmados por el policía de la UDEV de Jaén que redactó los atestados. No obstante, la defensa del acusado negó los cargos y aclaró que no se dan los requisitos de un delito de apropiación indebida, ya que los cursos se realizaron tal y como estaba previsto y la Junta aportó la financiación que había anunciado desde el principio. El fiscal mantuvo los cargos y pidió una condena de dos años de cárcel y la devolución de los 29.000 euros a la Administración autonómica.