Al banquillo por el fraude de las falsas peonadas

La Audiencia de Jaén acogió uno de los primeros juicios celebrados en la provincia por el conocido como “fraude de las peonadas”. Trece personas —casi todas vecinas de Valdepeñas— se sentaron ayer en el banquillo, procesadas por simular jornales de trabajo para poder acceder al subsidio del campo. Las acusaciones sostienen que defraudaron más de 105.800 euros a las arcas de la Seguridad Social. La Abogacía del Estado sostiene que los encausados crearon “una trama defraudatoria”, basada en la creación de relaciones laborales que eran inexistentes”. Así, tres de los acusados, que tenían empresas dedicadas al sector agrícola dieron de alta a los otros diez acusados en distintos periodos comprendidos entre los años 2011 y 2015. Para el Ministerio Público, esos contratos solo estaban en el papel, es decir, que los jornaleros no pisaron el campo en esos días: “El objetivo no era otro que acreditar la realización de las 35 jornadas que se requieren para obtener el subsidio de la renta agraria”, sostiene la Fiscalía en su escrito de acusación provisional.

Los trece acusados, sin embargo, niegan los hechos: “Pues claro que trabajé”, dijo una de las trabajadoras al tribunal de la Sección Tercera. “Nunca he dado de alta a nadie sin que viniera al tajo”, recalcó un empresario.

La investigación de la Inspección de Trabajo y de la Guardia civil puso al descubierto estas supuestas irregularidades. Un simple cruce de datos hizo saltar las alarmas. Lo primero que llamó la atención es la contratación de un importante número de empleados para fincas relativamente pequeñas. Después, los agentes descubrieron que había jornaleros que estaban dados de alta en días en los que sus patrones no llevaron ni un kilo de aceituna a la almazara. Así que tiraron de ese hilo y llamaron a declarar tanto a los empresarios como a los trabajadores. Alguno, incluso, llegó a reconocer ante los investigadores que no habían dado ni un solo jornal y que les habían firmado los contratos para poder alcanzar las 35 peonadas necesarias para el cobro del subsidio. La Guardia Civil determinó que había tres empresarios agrícolas implicados y diez falsos jornaleros, que se enfrentan a peticiones de hasta tres años de prisión.

Ayer, en el juicio, todos rechazaron este extremo. Y rebatieron las tesis de las acusaciones. Explicaron que las fincas tenían una orografía difícil y, por ello, era necesario contratar más personal. También dijeron que las tareas agrícolas iban más allá de la mera recogida de la aceituna, sino que desempeñaban otras labores. Y aclararon que el fruto recolectado no se llevaba a diario a la almazara: “No lo transportaba hasta completar un remolque, lo que podía tardar varias jornadas. Mientras tanto, guardaba la aceituna en una nave”, explicó uno de los empresarios acusados. De este modo, los trece procesados fueron negando los cargos.

La principal prueba de cargo es el testimonio del inspector de Trabajo, que declaró ayer al final de la jornada y que se ratificó en las conclusiones del informe. No obstante, el juicio no pudo quedar visto para sentencia por falta de tiempo. Las declaraciones de los encausados se alargaron más de lo previsto y la vista oral continuará el próximo jueves. En principio, la Fiscalía reclama condenas de 21 meses de cárcel, mientras que la Abogacía del Estado reclama castigos de hasta tres años de prisión.