Colza: cuatro décadas en el olvido

El 1 de mayo de 1981 murió la primera víctima de la mayor intoxicación alimentaria de España, la del llamado Síndrome del Aceite Tóxico (SAT), causada por el envenenamiento masivo que produjo un aceite de colza adulterado con componentes de aceites industriales. Se llamaba Jaime Vaquero y tenía 8 años. Falleció cuando era trasladado en ambulancia aun centro sanitario. Sus cinco hermanos ya estaban ingresados en otros centros hospitalarios de Madrid.

Inicialmente se creyó que los muertos fueron víctimas de una neumonía atípica hasta que un equipo de médicos encabezados por Juan Casado, un intensivista del Hospital Niño Jesús de la capital, descubrió la relación de la intoxicación con la ingesta del aceite de colza adulterado. Casado llegó a amenazar al secretario de Sanidad, Luis Sánchez Harguindey, segundo del ministro Jesús Sancho Rof, de anunciarlo en el telediario si alguna autoridad del Ministerio no comparecía para advertir que no se consumiera ese aceite. Lo consiguió y comenzó a costarse la trágica estela de muertes y afectados con graves secuelas de por vida.

Hasta 13 empresas se vieron involucradas en la investigación del envenenamiento masivo y en el juicio que se inició en junio de 1987 y cuya sentencia se dictó en septiembre de 1989, después de pasar por el tribunal 1.500 testigos y 200 peritos. Sólo fueron encausados 13 personas que fueron condenados a penas de entre 6 y 20 años de prisión y sólo dos ingresaron en la cárcel. Posteriormente, el tribunal Supremo endureció las penas e incrementó las indemnizaciones a las víctimas. Hay coincidencia en que los afectados fueron más de 20.000 personas y no la hay sobre las víctimas mortales. Inicialmente se habló en el juicio de unas 4.500, cifra que sostiene todavía la plataforma de afectados Seguimos Viviendo, pero oficialmente apenas se reconocieron 700. Cuarenta años después, afectados que se agrupan en la plataforma reivindican atención, visibilidad y reparación, además de que se retome la investigación del SAT.

El aceite se vendió mucho en mercadillos, al principio en la capital y municipios de su área metropolitana; posteriormente se extendió por todo el país. En Jaén se contabilizaron 8 muertes, 2 en al capital y las demás en municipios como Baeza, Andújar, Jódar, Úbeda, Bailén y Villacarrillo. Actualmente, según los datos a los que ha tenido acceso la plataforma de afectados, con sede en Madrid, hay 18 en la provincia. El hecho de que el aceite adulterado se vendiera como de oliva, impactó en el sector, que tuvo que hacer un esfuerzo enorme para restaurar su condición de producto saludable y ajeno a los envenenamientos. La misma colza, grasa vegetal muy consumida en países europeos, no es tóxica, fue adulterada, según la sentencia del caso “por un desmedido afán de lucro”. Una vez quedó demostrado que no era “un bicho” el causante de las muertes y las enfermedades y sí componentes de aceites industriales que adulteraron la colza, hubo iniciativas singulares, como la de aceiteros de oliva que, en torno al Patrimonio Comunal Olivarero, ofrecieron cambiar el aceite de colza a aquellos que lo habían comprado y los tenían en sus hogares por aceite de oliva virgen. Inicialmente funcionó la operación, pero razones operativas y de control obligaron a retirarla.

Tras el juicio y la sentencia el impacto social se fue diluyendo y afectados y familiares comenzaron su segundo calvario, el olvido progresivo mientras esperaban las indemnizaciones —20 millones de pesetas de media por afectado— para rehacer sus vidas. Tardaron años en recibirlas y con descuento en torno al 25% por los servicios previos que les prestaron.