Con margen para salvar el urbanismo, pese al revés

Hay espacio todavía para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que tumba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2014, así lo confirmó la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta ayer, aunque es cierto que no hay mucho margen ya para pensarlo, puesto que la notificación del fallo llegó a la Administración andaluza a finales de enero. El plazo de un mes para presentar el recurso se apura porque se “exploran todas las vías”. Es decir, los expertos sopesan si merece la pena poner en marcha la maquinaria para un recurso de casación, ante el Tribunal Supremo (TS).

Hay que hilar fino, puesto que el máximo órgano judicial del país ya enmendó la plana al Gobierno andaluz en pleitos similares, solo hay que mirar a Marbella para encontrar un precedente. En la ciudad costasoleña, con el PGOU de 2010 anulado cinco años después, su desarrollo urbanístico se rige por el documento de 1986. ¿Qué hacer? La clave está en lograr que no se paralicen, o, al menos lo justo, los proyectos ya programados, desde el Jaén Plaza, que es una iniciativa privada, a la Estación Intermodal o la construcción del Olivo Arena. De ahí que cobre fuerza, sin llegar a confirmarse aún esta posibilidad, la idea de trabajar sobre el PGOU de 1996, que es perfectamente legal, para modificarlo y no frenar el desarrollo urbano. De ahí que tanto la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Ana Cobo, como la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, que estaba en Jaén ayer, pidan “tranquilidad” y dejar a los técnicos que piensen.

El alcalde, Javier Márquez, reclama a la Junta explicaciones sobre lo ocurrido y conocer la sentencia por los cauces burocráticos, aunque ya circula desde hace días de forma extraoficial. Recuerda el regidor que el Ayuntamiento es el afectado último por la decisión judicial y considera que algo falla cuando se echa para atrás un documento que se ajusta a la normativa autonómica, para que luego no case con la europea. El máximo responsable municipal no apunta otra de las claves, que es la económica, puesto que, llegado el caso, si los acuerdos urbanísticos firmados no entran en vigor, los promotores tendrán que ser indemnizados. En cualquier caso, tal y como se apuntó a este periódico, además de hablar con la Junta, el Gobierno local también analiza si tiene margen para recurrir por su cuenta, en caso de que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio decidiera no hacerlo.

Manuel Montejo, de Jaén en Común, apostó por comenzar la redacción del nuevo PGOU ya y apuntó que, por ejemplo, para la construcción de la tan cacareada estación conjunta de trenes y autobuses en Vaciacostales, ya era precisa una modificación, en tres ocasiones, del plan de 2014 anulado. De ahí que, como Lucas Martínez, de Podemos, apueste por aprovechar la decisión judicial para que lograr un nuevo PGOU más participado. El socialista Julio Millán, secretario general del partido en Jaén y parlamentario andaluz, recuerda que el dictamen del alto tribunal andaluz coge en pleno proceso de regularización de viviendas como las del Tentesón, los Puentes y La Manseguilla, por lo que apuesta por la cooperación institucional para evitar males mayores.