Cuatro años de cárcel por causar daños en un yacimiento romano

Cuatro años de cárcel. Este es el tiempo de cárcel que reclama la Fiscalía para M. C. J., el propietario de la finca de Mengíbar que, en 2017, ordenó abrir más de diez kilómetros de zanjas para regadío de olivar, una acción que causó “una grave afección a la práctica totalidad de la ciudad romana fortificada” de Iliturgi. Esa misma pena se le reclama también a L. J. L., la persona que abrió tales zanjas. De hecho, fueron tantos los daños que el Ministerio Público pide a ambos acusados que indemnicen con casi un millón de euros a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

El escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal establece que, en los primeros meses de 2017, M. C. J. contrató a L. J. L. para que realizara las obras necesarias para implantar un sistema de riego en su finca de olivar. Dicho documento asegura que se hizo careciendo de proyecto de riego y sin contar con las preceptivas licencias urbanísticas, así como los informes de patrimonio histórico necesarios que debía emitir la Consejería de Cultura. La sección especializada en medio ambiente y urbanismo de la Fiscalía de Jaén hace constar que dichas obras nunca habrían sido susceptibles de autorización ni legalización al ser contrarias a las normas subsidiarias de Mengíbar y a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía e “implicar remoción de tierras en una zona de alto valor arqueológico y romper las estructuras que soportan el yacimiento”.

Las obras se extendieron sobre una superficie de unas 30 hectáreas y lo hicieron “de forma incontrolada” sobre un yacimiento de “gran valor”. El Ministerio Fiscal concluye que los daños producidos al yacimiento son “irreparables” puesto que “se destrozaron sillares, materiales cerámicos y la estratigrafía arqueológica”. De esta forma, se afectó a la gran cisterna romana, afectando a su estructura, y también los restos de un templo romano y una plaza pública.

Todos los daños causados en este yacimiento ubicado en el paraje conocido como Cerro Maquiz, en Mengíbar, han sido valorados por el Ministerio Público en 942.817 euros, que ahora reclama de forma conjunta a los dos acusados. En concreto, los cuatro años de cárcel se les reclama como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio en concurso ideal con un delito de daños en yacimiento arqueológico, además de una multa de 248.000 euros para cada uno de los acusados. También desde el Ministerio Fiscal se pide tres años de inhabilitación especial para la profesión u oficio de promotor o constructor.