El caso por la contaminación del vertedero, listo para juicio

El Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén ha recibido ya la causa que debe decidir si dos directivos de FCC cometieron un delito ecológico por los episodios de contaminación detectados por el Seprona en las aguas subterráneas cercanas al vertedero municipal. El caso está listo para juicio. En principio, la vista oral se había señalado para el próximo 24 de abril. Sin embargo, problemas de agenda de los abogados han hecho que sea necesario buscar una nueva fecha para un caso que tiene una enorme trascedencia para la ciudad. El fiscal reclama dos años y medio de cárcel para José María G. R., que fue máximo responsable de la multinacional FCC en Jaén desde el 1 de junio de 2011 hasta el 31 de enero de 2014 —cuando se jubiló— y a su sucesor en el cargo, Francisco Javier Y. A. En su escrito de defensa, los dos procesados se desligan completamente de la contaminación. Aseguran que han cumplido escrupulosamente la normativa vigente y que cumplieron todas las obligaciones medioambientales. Al respecto, aseguran que las filtraciones no proceden del vertedero que ellos gestionaban, sino de una instalación mucho más antigua. Además, ponen como ejemplo que los agentes de la Guardia Civil tomaron muestras de un pozo, propiedad de un particular, en el que hallaron “elevados niveles de sustancias tóxicas como sulfatos y cloruros”. Las fuentes de la defensa consultas explican que esos parámetros suponen una contaminación “diferente y mucho más intensa” de la que se halló en el basurero. “Lo normal es que esas sustancias se hubieran diluido tras atravesar centenares de metros de tierra hasta llegar al pozo, no que se hubieran hecho más concentradas”, razona uno de los abogados.

El proceso judicial se abrió el 31 de mayo de 2016, cuando la Fiscalía presentó una querella contra la empresa que gestiona las instalaciones municipales del vertedero por la supuesta comisión de un delito contra el medio ambiente. El Ministerio Público se apoyó en un informe del Seprona que detectó la presencia de elementos contaminantes y tóxicos en nueve zonas de control: se hallaron sustancias como nitratos, sulfatos, níquel, selenio, hierro y amonio. La Fiscalía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ejerce la acusación particular, presentaron cargos contra los dos directivos de FCC. Y, ahora, el Juzgado de lo Penal busca una fecha para celebrar un juicio por un caso de enorme trascendencia social y política.