El fiscal pide que Miguel Contreras sea investigado

En el decreto sobre la polémica permuta de terrenos que el Ayuntamiento formalizó, en mayo del año pasado, con un empresario a cambio de la sede vecinal del Pilar del Arrabalejo, el Ministerio Fiscal pide al juez que el exedil de Hacienda y Patrimonio y, hoy, de Personal, Miguel Contreras, declare como investigado o lo que, antes, se conocía en el argot judicial como imputado. Propone que también se haga extensible esta figura al empresario D. M. C. y al técnico municipal de Inventario de Bienes de Naturaleza Urbana, y que el exedil de Mantenimiento, Manuel del Moral, comparezca como testigo, por haber sido la primera persona con la que contactó D. M. C.

En el informe, al que tuvo acceso este periódico, el fiscal sugiere que los hechos pueden ser, en principio, constitutivos de un delito de fraude a la Administración. Considera que el expediente de permuta estuvo “encaminado desde su inicio a adjudicar” a este empresario el terreno que le “interesaba” para instalar una gasolinera: 2.474,98 metros cuadrados de una parcela de 5.471,35 junto a la rotonda de acceso al Polígono de los Olivares que hubo que desagregar, desafectar y que se calificaron, finalmente, como suelo urbano consolidado cuando, en realidad, eran “no urbanizables”, como se pone de manifiesto a lo largo de hasta tres informes de la Gerencia de Urbanismo.

“Se trató de dar legalidad a lo que, en definitiva, no era más que una compraventa encubierta que eludía la obligación de enajenar dicho bien en subasta pública”, observa el fiscal. Remitiéndose al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, recuerda que el régimen general de enajenación de bienes patrimoniales debe ser la subasta pública y el excepcional, la permuta, “siempre previa acreditación de la necesidad de efectuarla” y que “la diferencia del valor entre los bienes que se trate de permutar no sea superior al 40% del que lo tenga mayor”. Y, en este caso, era del 76%.

Para el fiscal, “llama la atención” que el técnico municipal denominara la parcela en la que el empresario estaba interesado como “Valoración de implantación de estación de servicio en finca del inventario municipal”. “No se entiende —razona— en qué influye en la valoración de un bien el destino que pretenda dársele”. Y se muestra igualmente sorprendido por el valor que se da al local de la sede vecinal. Fueron 230.307,41 euros “cuando consta” —subraya el fiscal— que, el 29 de agosto de 2013, fue adquirido por 150.000 euros en contrato privado, sin obviar que su escritura se rubricó solo tres días antes de que se formalizara la permuta.

El fiscal recela de que el local incrementara su valor en 2 años en 80.000 euros: “No se corresponde con el mercado inmobiliario”. Y sugiere que la “sobrevaloración” responde a un intento de “ajustarse” al requisito de que no existiera una diferencia de valor entre los bienes superior al 40%. Esto, sin embargo, habría supuesto un “perjuicio” para el Ayuntamiento —plantea el fiscal—, ya que se permutó un bien de 150.000 euros por otro valorado en 263.976,93, casi 114.000 euros más. Por esto, pide también que un perito designado judicialmente valore ambos bienes.

Después de analizar el decreto, desde IU, Manuel Pegalajar, consideró “muy graves” los hechos “desde el punto de vista político” e instó a Miguel Contreras: “Debería plantearse su continuidad en el equipo de Gobierno local”.