El Gobierno “olvida” a la Rural en el impuesto de la hipoteca

El lío —y luego doctrina— que emanó del Tribunal Supremo decía, al principio, que los clientes eran los que tenían que pagar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que contempla cada hipoteca. Luego, hubo una corrección, que determinó que tendrían que ser los bancos. Sin embargo, a los pocos días, el Tribunal Supremo —consciente de que generaría jurisprudencia— se volvió a reunir. Después de un par de jornadas de debate, sentenció que este impuesto le pertenecía a los clientes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lanzó un decreto ley que dice que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados le corresponde a los bancos y no a los clientes. No obstante, una vez analizado el texto, existe una particularidad: todas las cajas rurales españolas se libran de pagarlo en cada crédito hipotecario. Algunos apuntan a que se trata de un descuido provocado por las prisas a la hora de redactar el texto. En cambio, otros no lo creen así y consideran que el Gobierno mantiene el régimen que tienen las cooperativas de crédito desde los años 90, ya que nunca lo han pagado.

No obstante, lo que sí parece evidente es que las cajas rurales, que tienen limitaciones y un régimen especial para algunas cuestiones, sí que salen beneficiadas en algunas otras y esta es un ejemplo. De hecho, desde 1990 tienen una ley que les da ciertas exenciones fiscales. “Las cooperativas protegidas disfrutarán de los siguientes beneficios fiscales: en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, exención, por cualquiera de los conceptos que puedan ser de aplicación”, dice el texto.

La exención estaba pensada para que estas entidades no pagaran el impuesto al pedir una hipoteca. Pero la redacción es tan amplia —“por cualquiera de los conceptos que puedan ser de aplicación”— que les puede permitir mantener la salvedad cuando sean también prestamistas. De todos modos, ese mismo marco normativo establece que, por ejemplo, Caja Rural de Jaén no sale al mercado hipotecario libremente para buscar clientes, sino que concede créditos solo a sus socios. No obstante, esta exención sí que puede ser beneficiosa para Caja Rural de Jaén y, también, para las personas que acudan para cerrar un crédito hipotecario —ha de ser un socio—, ya que la hace más competitiva que buena parte del sistema financiero español. No hay que olvidar que Caja Rural de Jaén supera los 300.000 clientes en la provincia y está implantada en todos los municipios de la provincia con una red de unas 150 oficinas, por lo que obtener una ventaja fiscal o, cuanto menos, mantener lo que tenía no solamente constituye una ventaja competitiva para la cooperativa de crédito, sino también para los miles de jiennenses que solicitan un crédito hipotecario en sus oficinas.