El Puente de la Sierra se queda de nuevo sin suministro de agua

Las soluciones para garantizar el suministro de agua aún no llegan para el Puente de la Sierra. Igual que en junio pasado, el empresario Rafael Alcántara, acaba de suspender el servicio. Este vecino lo había asumido merced a un acuerdo con el Ayuntamiento, que ya está expirado y que, como sostiene, le genera una serie de problemas económicos e inseguridad jurídica. “Después de varios meses en los que he intentado ponerme en contacto con el Gobierno local, que se había comprometido a buscar una solución para el problema del agua en quince días, no he vuelto a tener noticias”, sostiene Alcántara. “No es asumible para mí el estado de la red y las instalaciones eléctricas, ya que necesitan reparaciones muy urgentes”, apunta y deja claro: “La Administración local no quiere que yo me haga cargo del suministro de agua no potable para uso domestico, pero tampoco tiene claro quién ni cómo se va hacer cargo. Pero mientras tanto todos los gastos corren de mi cuenta”.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Juan José Jódar, asegura que sí hay una salida posible y que la asociación de vecinos y otros representantes del barrio tienen conocimiento de ella. De hecho, se la trasladaron esta misma semana. “Le ofrecimos lo mismo que hace unos meses. La ley nos impide dar suministro a todas aquellas viviendas que no estén legalmente asentadas y, para proceder al enganche, tendrían que solicitar que se les considerada como un asimilado fuera de ordenación”, aclara. Este es el quid de la cuestión ya que, prácticamente, ningún propietario ha dado los pasos precisos para ello, como apunta. De ahí que, como señala el edil, se le propusiera llevar el agua hasta un punto legalmente establecido. Una vez dado este paso, los vecinos se constituyen en comunidad y son ellos los que gestionan el reparto al resto de inmuebles. Este plan ya funciona con éxito en el Pilar de la Dehesa y el Pago de Juan Ramos, como sostiene el responsable municipal. Esto implicaría el cobro de un único recibo que se abonaría, solidariamente, entre todos los beneficiarios. El enganche no tendría coste alguno e, incluso, se podría aprovechar la red de suministro que ya existe, sostiene el concejal, que también cree que Aqualia, la empresa suministradora, podría ser flexible en cuanto al cobro de los pagos.

El acuerdo que dio origen a una situación que, finalmente, se ha transformado en un problema fue suscrito el 26 de abril de 2005, cuando el alcalde era el popular Miguel Sánchez de Alcázar. El vecino que lo rubricó fue Rafael Alcántara Martínez, padre del empresario hostelero, que se había quedado al frente de este servicio. El compromiso original era para dos años y fue prorrogado en noviembre de 2007, hace ya más de una década. El Gobierno local, no obstante, apostilla que, antes de nada, es preciso que las viviendas se acojan al proceso de regularización que fue posible tras el decreto de la Junta de 2012 que creó la figura denominada asimilado fuera de ordenamiento.