El pulso con la propietaria de Los Cañones amenaza su restauración

El alcalde explica que la dueña quiere que se le expropie el conjunto, no una parte

    18 jul 2017 / 11:41 H.

    El pulso que libran el Ayuntamiento y la única propietaria de Los Cañones hace peligrar la inversión de cerca de 750.000 euros prometida hace dos años por el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), para restaurar este paraje natural excepcional. Aclarada la titularidad de los terrenos, el problema ahora es el desacuerdo entre la Administración local y su dueña sobre la expropiación.

    De acuerdo con el proyecto, la superficie que habría que enajenar para que la Confederación emprendiera los necesarios y reivindicados trabajos de restauración de este espectacular entorno natural comprende 8.000 metros cuadrados y, según los técnicos municipales, el precio que tendría que abonar el Ayuntamiento es de 14.000 euros. Un crédito que, por otro lado, la Gerencia de Urbanismo reservó para este cometido a finales de octubre del año pasado.

    Sin embargo, en un proceso que se dilata desde hace más de dos años, la entidad local se ha topado con la Iglesia. “El expediente dice que se tiene que expropiar solo la parte que establece el proyecto y la señora quiere que se le expropie absolutamente todo”, explicó a este periódico el alcalde, Javier Márquez. “Con una cierta parte de razón” —reconoció el regidor—, el argumento que esgrime la propietaria de los terrenos es que, “si se le expropia esa parte, se inutiliza el resto”, algo que —reflexionó—: “No sabemos, porque también se le pueden dar derechos de paso”.

    Pero la mujer se mantiene firme “en sus trece”. Y remarcó el alcalde a este periódico: “El conjunto vale mucho más que el proyecto [de restauración]”. Ante esa tesitura admitió que “por supuesto” cabe la posibilidad de que la capital pierda la inversión del Estado para adecuar La Cañones, tal y como llevan años reclamando colectivos ecologistas y sociales. Pero él insistió: “Por mucho que la gente piense que es público, Los Cañones es privado y, si la expropiación se va a mucho más de lo que nosotros podemos, por [la existencia de] instalaciones en desuso, pero que tienen un valor, nosotros no podemos asumirlo...” “Con todo el dolor del corazón”, añadió, subrayando, reiterativo y tajante: “Nosotros no vamos a hacer locuras”.

    Márquez tiene la mente puesta en lo ocurrido, en los noventa, con la expropiación de la gasolinera de la Plaza del Zodíaco, en el Polígono del Valle. Una “operación” municipal fallida con consecuencias judiciales que el Ayuntamiento solo consiguió sacudirse a principios de 2016 gracias al Fondo de Ordenación impulsado por el Gobierno para el pago de sentencias firmes. Por eso, advirtió: “Si una comisión de expropiación nos dice que tenemos que enajenar todo y meternos en una ruina como la de la gasolinera de El Valle, no lo vamos a hacer. Locuras, no hacemos. No vamos a ahorcarnos”.

    El alcalde hizo hincapié en que, “para lo único que está mandatado” el Ayuntamiento, es para la enajenación de 8.000 metros cuadrados de terreno, y repitió: “No podemos expropiar el resto, ni tiene justificación. Tendría que hacerlo otra Administración”. Por todo ello, remachó: “Si nos ponemos de acuerdo y vemos que se puede expropiar y la propietaria accede, con unos derechos de paso lógicos, tiraremos para adelante. Que existe un empecinamiento, no nos vamos a meter para invertir lo que no podemos”. Estas son las cartas y ya están sobre la mesa.

    Un proyecto para reforzar la seguridad y dignificar el paraje

    La restauración proyectada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el paraje natural de Los Cañones está dirigida, fundamentalmente, a garantizar la seguridad de la zona, reforzando los taludes del canal. Además, dado el gran deterioro que acusa la actual, se prevé que se instale una pasarela de madera con terminaciones metálicas y se recuperará el canal con efectos decorativos. También se contempla la construcción de un centro de interpretación al inicio del recorrido, junto al acondicionamiento de los accesos y un área de descanso al final del camino. Una vez que el Ayuntamiento ponga los terrenos a disposición de la Confederación y comiencen las obras —y, en estos momentos, no es algo que esté claro—, el plazo de ejecución sería de seis meses. La restauración de este paradisíaco paraje, que, en algunos tramos, no tiene nada que envidiar al Caminito del Rey, en la provincia de Málaga, afecta a nueve fincas y una superficie de, aproximadamente, 8.000 metros cuadrados, según la información facilitada por el Ayuntamiento en su momento. El precio que cifraron los técnicos municipales por la enajenación es de 14.000 euros.