Fernández de Moya pide al juez el fin de su investigación

Alega que no tenía competencias para contratar a la empresa y que levantó los reparos del interventor de manera “formal”

08 mar 2019 / 11:33 H.

Fue una querella del Partido Socialista la que llevó al entonces secretario de Estado de Hacienda a ser investigado en el conocido como caso Matinsreg. El exalcalde de Jaén, de junio de 2011 a noviembre de 2015, se vio inmiscuido en una causa judicial por culpa de la gestión que realizó el Ayuntamiento en la contratación de una empresa del municipio zamorano de Toro para el mantenimiento y limpieza de las fuentes ornamentales. José Enrique Fernández de Moya pide al Juzgado de Instrucción número 2 de Jaén el sobreseimiento y archivo de la causa. Argumenta que no tenía competencias para la elección de la empresa, que no participó en las negociaciones y que lo único que hizo, en resumidas cuentas, fue levantar los reparos sobre las facturas. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el interventor lo hizo de manera “formal”.

Once páginas de razonamientos dejan constancia, según la defensa del exalcalde, que no hay motivos para continuar con la investigación, al menos en lo que se refiere a su representado. En primer lugar, aduce que, en el momento de los hechos, estaba vigente un decreto mediante el que tenía las competencias de “Mantenimiento Urbano y Participación Ciudadana” el concejal Manuel del Moral, también investigado en este caso. “Ello supone que el alcalde no interviene en la contratación de los servicios ni en su supervisión y correcta prestación”, alega en la solicitud de archivo.

Otro razonamiento se basa en la “solución de urgencia” por riesgo de salud pública. Hay que tener en cuenta que la empresa Imesapi, S. L., que prestaba los servicios públicos, comunicó de pronto que dejaba de hacerlo por los impagos producidos, a pesar de haber percibido como pagos atrasados más de 25 millones de euros. De esta manera, amparados en la Ley de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento ordenó la contratación de servicios a Matinsreg “sin obligación de tramitar expediente administrativo”. Era urgente el mantenimiento de las fuentes para no ocasionar problemas de contaminación o de salud pública, reparar el alumbrado público para evitar actos delictivos o arreglar los semáforos para garantizar la seguridad en el tráfico rodado.

La solicitud de archivo también se basa en la legalidad, por parte de José Enrique Fernández de Moya, a la hora de levantar los reparos de las facturas. Según el informe, el interventor no manifestó irregularidad contable, sino que lo hizo por falta de los requisitos necesarios en un procedimiento ordinarios, ausentes en este caso por la excepcionalidad de la situación creada con el abandono de la empresa hasta entonces. El exalcalde, el 27 de diciembre de 2012, dictó una resolución mediante la que constata que hay crédito para el presupuesto, levanta el reparo y ordena el pago a la empresa Matinsreg. Es más, dio cuenta en el pleno municipal. El documento también aduce que es un proceso utilizado por anteriores alcaldes y suplica el sobreseimiento de las diligencias.

alcaldes accidentales hicieron los contratos

En el escrito de solicitud de sobreseimiento consta que, justo en la fecha en la que se solicitó a la empresa Matinsreg realizar trabajaso, en agosto de 2012, el entonces alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, estaba de vacaciones. “Estas solicitudes estaban firmadas por los alcaldes accidentales que se encuentran en esas fechas en funciones en el Ayuntamiento de Jaén, Rosa Cárdenas y Javier Márquez”, refleja el documento. Añade el informe: “Además, como se puede apreciar, ninguna de estas solicitudes supone atribución alguna de mantenimiento, sino tan solo de reparación”.

El amparo del Tribunal de Cuentas

El escrito mediante el que José Enrique Fernández de Moya solicita el sobreseimiento de las diligencias en el caso Matinsreg consta que el Tribunal de Cuentas analizó el reparo y la justificación efectuada por la Corporación Local y consideró que la actuación era “correcta” y estaba suficientemente amparada por la normativa vigente. En caso contrario, habría intervenido de oficio y, además, tampoco la intervención consideró oportuno llevar a cabo acción alguna en instancias superiores.

“El mecanismo del levantamiento del reparo resolviendo el realizado por el interventor ha sido utilizado por esta Corporación Local (y por todos los entes locales) en aquellas ocasiones en las que se necesita dar respuesta singular a situaciones puntuales e inaplazables, de hecho es el motivo de su previsión legal”, expone el informe. Por último, para despejar cualquier tipo de duda en relación con la acción de José Enrique Fernández de Moya, argumenta el escrito que, con carácter de excepcionalidad y urgencia, los servicios fueron prestados por empresas elegidas al margen de cualquier decisión del exalcalde, porque no tenía competencias en el área de Mantenimiento Urbano, ya que había delegado por decreto, ni en el control sobre los trabajos de urgencia.