Imputado por la muerte por desnutrición de tres perros

Unos senderistas alertan a la Guardia Civil tras descubrir el estado en que estaban encerrados los animales

06 mar 2019 / 08:57 H.

Fueron unos senderistas los que dieron la voz de alarma y pusieron en conocimiento de la Guardia Civil un posible caso de maltrato animal. En su paseo, los denunciantes vieron los cadáveres de tres cachorros en el interior de una explotación ganadera ubicada en el paraje de Casas Estepa, en el término municipal de Cazorla. Los seis perros adultos estaban escuálidos, con evidentes síntomas de desnutrición. Por ello, los agentes del Seprona ha imputado al dueño de la finca como presunto autor de un delito de maltrato animal. Además, le han presentado 64 denuncias administrativas. Se trata de un vecino de Cazorla, de 61 años y sin antecedentes penales.

Los hechos ocurrieron hace unos días en un cortijada ubicada en la carretera entre Cazorla y Santo Tomé y en la que el investigado tiene su explotación ganadera. Dentro de cercado, se encontraban nueve perros: seis adultos y tres cachorros. Los senderistas que hallaron los cadáveres de los canes ya denunciaron que su muerte podía deberse a la desnutrición debido al aspecto que presentaban algunos de los perros que seguían con vida.

Sobre el terreno, los agentes comprobaron que se trataba de una explotación ganadera en la que desde el exterior, se podía apreciar la presencia de seis perros adultos vivos y tres cachorros muertos. Una vez identificado el propietario de los animales se le requirió por teléfono para que se personara en la explotación ganadera y así estar presente durante la inspección. De forma paralela se coordinó a la Oficina Comarcal Agraria de Cazorla para que un veterinario oficial acompañara a la Guardia Civil durante la inspección y emitiera el correspondiente informe sobre las posibles causas de la muerte de los animales.

En la inspección realizada, acompañados del propietario y de la veterinaria, se acreditó que los animales padecían caquexia (pérdida de masa corporal) y alto grado de deshidratación. Además de las diligencias judiciales, se detectaron hasta 60 infracciones administrativas en materia de protección animal. Entre otras infracciones, quedó constatado que los animales no se encontraban vacunados ni desparasitado; no contaban con la documentación exigible para control sanitario; carecían de identificativos electrónicos; no se les había proporcionado habitáculos construidos con materiales impermeables; y no disponían de recipientes adecuados para agua o comida.