Investigado por el crimen de Ángela

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial respalda la decisión de Fernando Moral, titular del Juzgado de Primera Instancia en Instrucción 1 de Jaén, de poner en marcha los trámites para un juicio con jurado, por los delitos de patrimonio, contra la libertad sexual, allanamiento y homicidio. Es un nuevo paso en el procedimiento, reabierto el pasado año, por el conocido como crimen de Ángela, violada y asesinada el 12 de julio de 2011, en una vivienda de la calle Sagrada Familia.

La causa judicial tomó nuevos bríos, precisamente, por la detención de Octavio S. R., anterior inquilino del piso donde mataron a la joven, y que está libre, con la obligación de comparecer en el juzgado, al no hallar el juez motivos suficientes para su prisión preventiva inmediata. Tras esta resolución, aunque en libertad, ya tiene lo consideración de investigado por los hechos delictivos que enumera su señoría, es decir, hay indicios de su supuesta participación en lo ocurrido hace seis años o, al menos, que no es posible determinar que no tenga relación en este momento del proceso.

Fue el Ministerio Fiscal el que, a raíz de un auto del instructor del caso, fechado el 21 de octubre de 2016, el que, cinco días más tarde, interpuso un recurso de apelación al entender que no se podían continuar con los trámites del jurado, con el convencimiento de que a Octavio S. R. solo se le podían atribuírsele un delito contra el patrimonio y contra la libertad sexual, pero no el de allanamiento y tampoco el de homicidio, al no ser posible determinar con exactitud la participación del nuevo arrestado. La defensa de Octavio S. R., claro está, se unió a la petición de la Fiscalía. Pero, a pesar de la extensa jurisprudencia que cita el Ministerio Público, la Audiencia Provincial considera que, “a priori”, no se pueden diferenciar los delitos que se dirimen en el crimen de Ángela, sin que haya indicios contundentes para ello.

Las partes fueron informadas de esta decisión de la máxima autoridad judicial jiennense recientemente, casi al mismo tiempo que se dictaba otra resolución importante para el caso. Y es que la Sección Tercera tampoco tuvo en cuenta el recurso presentado contra la decisión de Fernando Moral. Este emitió un auto, el 7 de octubre de 2016, en el que, de nuevo el Ministerio Fiscal y la defensa de Octavio S. R. se ponían de acuerdo para tratar de paralizar la práctica de nuevas diligencias por orden del magistrado. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la capital había pedido al Cuerpo Nacional de Policía un reportaje fotográfico de cada una de las bragas intervenidas en el inmueble de la calle Sagrada Familia durante el levantamiento judicial del cadáver de Ángela Jiménez, para que la defensa aportara unos información sobre unos correos electrónicos y también se aporte la localización geográfica y el titular de un teléfono móvil. Además, Fernando Moral deniega unas prácticas de ADN solicitadas por el representante legal del último detenido en este caso. Las pruebas solicitadas por el magistrado no son menores, puesto que, desde su detención, Octavio S. R. trató de convencerle de que, cuando murió Ángela, él se encontraba en Guadalajara, en Castilla-La Mancha, donde estaba trabajando. El hombre fue detenido al “saltar” en los registros policiales su ADN tras ser fichado por presuntamente extorsionar a una menor en la ciudad castellanomanchega para tener relaciones con ella. Así se descubrió que los restos biológicos, de semen, hallados en la ropa interior encontrada en la vivienda de Ángela tenía su mismo perfil genético.

Octavio S. R. explicó que esta coincidencia era normal, al haber residido en la misma vivienda de la mujer asesinada meses antes. También negó conocer al considerado autor material, Raúl G. R. que murió en el acto, el mismo día del crimen, al caer al vacío, cuando la Policía, alertada por los vecinos, iba al piso en su busca.