Juicio por delitos urbanísticos en La Iruela

El que fuera secretario del Ayuntamiento de La Iruela, J. A. S. C., y un antiguo aparejador municipal, J. C. V. M., se sentaron ayer en el banquillo de los acusados para responder por la comisión de delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística. La Fiscalía, que pide para ellos ocho años de inhabilitación para ejercer cargo público, sostiene que dieron su visto bueno, en febrero de 2005, a la concesión de una licencia para construir un establo de burros en un terreno rústico y protegido donde no se podía edificar. En concreto en el paraje de San Julián, dentro del Parque Natural. Por tanto, el Ministerio Público entiende que ambos cometieron una ilegalidad. De todos modos, los promotores levantaron en esa parcela varias edificaciones de uso turístico y piscinas. Curiosamente, los posibles delitos que los constructores hubieran podido cometer ya están prescritos. No así los cargos presentados contra los dos profesionales que aprobaron técnicamente la licencia.

Al antiguo secretario municipal se le permitió ausentarse del juicio tras prestar declaración, debido a que sufre una enfermedad. Por su parte, el arquitecto defendió que la licencia sobre la que informó se ajustaba a la legalidad vigente por entonces, en concreto, al Plan General de La Iruela de 1985. En ese documento, no figuraba la existencia del cauce de un arroyo a menos de cien metros de la parcela en cuestión, como sí consta en las normas subsidiarias de 2010, en las que se basó la Guardia Civil para imputar a los técnicos.