La asignatura pendiente

Después de tres décadas esperando, a La Puerta de Segura y a Puente Génave les quedan escasos meses para ver el comienzo de las obras de la depuradora de aguas residuales (EDAR) que van a compartir. El proyecto se redactó en 2012 y, en la actualidad, están en estudio las expropiaciones que se van a realizar “porque es un trazado muy largo y el objetivo es buscar la máxima sintonía posible con las redes actuales de saneamiento”, explica un técnico municipal de Puente Génave. El presupuesto base de licitación asciende a 5,7 millones; el expediente de información pública se aprobó definitivamente a finales de abril y, según el delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Eugenio Ortega, “antes de final de año” empezarán las obras.

Esta EDAR es una de las 31 estaciones que la Junta de Andalucía tiene previsto ejecutar en la provincia en los próximos 4 años. De ellas, en estos momentos está en obras la de Arjona y, “después del verano”, arrancarán las de la EDAR de Arjonilla. “Ya se están haciendo las mediciones topográficas”, indica el delegado. Si todo marcha según las previsiones, “en septiembre” empezarán los estudios topográficos de la de Sabiote; comenzarán a construirse, “este mismo año”, las de Cabra del Santo Cristo, Villatorres y Vilches, licitadas en el primer semestre, y se licitarán la que comparten Baeza, Rus y La Yedra y, tal vez, la de Torredonjimeno. Sobre esta última, comenta Ortega: “Esperamos licitar este año o a primeros del próximo”. El conjunto de estas obras fue proyectado por la Administración autonómica en 2010. La inversión global se cifró en 164 millones de euros que se financian, en un 90%, a través del canon de mejora autonómico y el 10% restante, con fondos europeos Feder.

La depuración de aguas es una obligación legal. La directiva europea 91/271 es taxativa. Los núcleos urbanos deben “disponer, según los casos, de sistemas de colectores para la recogida y conducción de las aguas residuales” y, antes de su vertido a ríos, arroyos o a aguas marinas, han de someter esas aguas a distintos tratamientos que dependerán del emplazamiento en el que se producen. Esta directiva vio la luz en la década de los noventa. No se puede esquivar. Es obligada, pero las obras programadas se eternizan y el incumplimiento de la normativa trae para sanciones. Expedientes que, en un 50% de los casos —según Ecologistas en Acción—, recaen sobre las administraciones locales, debido a que se trata de vertidos a las redes públicas de saneamiento. Precisamente por este motivo, por no depurar sus aguas, el Ayuntamiento de Puente Génave (2.216 habitantes) recibe, todos los años, una multa de 700 euros al año, pero su alcalde, Ramón Gallego, se lo toma con filosofía: “La sanción es llevadera. Virtamos agua limpia o sucia, anualmente, tenemos que pagar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) un canon de vertidos de 9.700 euros, así que, comparativamente, la multa es poco, pero está claro: a nadie le gusta pagar por contaminar el río”.

A los efectos de estos vertidos, hay que sumar los que derivan de las plantas de tratamiento que no funcionan. Pero, sobre estas últimas, el delegado aclara: “La Consejería las entrega a los ayuntamientos y su mantenimiento es responsabilidad de ellos. Nosotros no tenemos capacidad inspectora”. No obstante, debido a que La Iruela no puede asumir los “entre 6-000 y 8.000 euros” que cuesta el mantenimiento de la EDAR de Arroyo Frío, apuntó: “Estamos haciendo un proyecto para construir una nueva”.

El pasado día 19, la Junta de Andalucía y el Gobierno suscribieron en Estepona (Málaga) un protocolo que incluye 149 obras de tratamiento de aguas en la región, con una inversión prevista de 790 millones de euros hasta 2021 para atender las necesidades de 2,4 millones de habitantes. De esas 149, el Gobierno cofinanciará, con 230 millones, 31 estaciones depuradoras de municipios costeros porque tienen interés nacional, aclara el delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Al ser de interior y de interés exclusivamente andaluz, ninguna de las 31 que están programadas en esta provincia se beneficiará de la aportación del Estado. A pesar de ello, Ortega valora la importancia del acuerdo: “El Gobierno no rescata. Asume sus competencias”.