La falta de pruebas exime al Ayuntamiento de pagar a Dhul
Ni los técnicos municipales aprobaron las obras, ni constan facturas
Una inversión global cifrada en 140 millones de euros y la creación de entre 350 y 400 empleos, garantizando el futuro de los trabajadores en paro de la extinta Primayor. Esto era lo que prometía el proyecto industrial del Grupo Dhul, S. L., en Jaén, en 2008. Pero, casi una década después, lo que queda de aquel “mano a mano” entre las administraciones públicas —Junta y Ayuntamiento— y la iniciativa privada no solo es una promesa incumplida y un “edificio ruinoso”, en el que los vándalos hacen diana periódicamente. Queda un procedimiento urbanístico marcado por los “incumplimientos” que, paradójicamente, ahora, en primera instancia, “salva” a la entidad local de pagar a la empresa los 1.095.000 euros que le reclamaba judicialmente por los trabajos de urbanización realizados en el Polígono Industrial Nuevo Jaén. El titular del Contencioso-Administrativo número 3 de la capital resuelve: “Siendo lo cierto que el Ayuntamiento de Jaén debe abonar a Dhul los trabajos ejecutados, la demanda debe desestimarse al no acreditarse en debida forma su valoración”.
Y ello, a pesar de que el 10 de julio de 2012, el ingeniero municipal emitió un informe indicando que el presupuesto del proyecto redactado era de 1.460.268,88 euros y que las obras, aunque no estaban finalizadas, se podían estimar en un grado de ejecución del 75%. Según el fallo, al que tuvo acceso este periódico: “No constan el visto bueno de tal certificación por parte del ingeniero municipal, la revisión y aprobación de tales obras por los técnicos municipales, como se decía en la comunicación del presidente de la Gerencia de Urbanismo, ni se acredita que el 75% —estimado— del total de la obra constituya exactamente el importe que se reclama”. Es más, añade el juez en los fundamentos de la sentencia: “Dado que de la ejecución de las obras se encargaron terceros subcontratados por Dhul (Euromontajes Guipúzcoa), sorprende que no se aporten las facturas acreditativas del pago de los correspondientes trabajos”.
El conflicto entre Dhul y el Ayuntamiento de Jaén hunde sus raíces en el protocolo suscrito el 26 de septiembre de 2008 entre ambos, Proasego Eólicas y Grupo Vera. El objetivo era propiciar la implantación de dos proyectos: uno tecnológico y otro alimentario, en terrenos no urbanizables propiedad de Vera. En virtud del acuerdo, Dhul debía presentar, en seis meses, el proyecto de actuación y hacer cuantas gestiones fueran necesarias para su inmediata instalación en Jaén y el Ayuntamiento se comprometía, entre otras cosas, a modificar el planeamiento urbanístico para calificar el suelo como industrial y a ejecutar las obras de urbanización y las infraestructuras necesarias para que Dhul pudiera instalarse. La falta de disponibilidad presupuestaria en el Ayuntamiento llevó, el 14 de mayo de 2010, a la firma de una adenda al protocolo en la que este se comprometía a liquidar los costes a la empresa que los ejecutara bajo la supervisión de un ingeniero municipal.
El 10 de enero de 2011, el presidente de Urbanismo firmó un documento comunicando a Dhul que la Gerencia había acordado el pago de las obras aprobadas y revisadas por los técnicos municipales sobre la primera parte del vial de acceso. Un mes después, la empresa solicitó el pago de 1.047.486 euros. Pero no constan el visto bueno del ingeniero municipal en la certificación, ni que los técnicos hubieran revisado y aprobado las obras, ni se acredita que el 75% de la obra sea exactamente el importe que se reclama. De ahí la desestimación de la demanda ante la que cabe recurso de apelación.
“No hay que pagar porque no existen facturas”, sintetizó la concejal de Servicios Técnicos Municipales, Rosa Cárdenas, que, muy crítica con el PSOE, que entonces gobernaba Jaén en coalición con IU, lo instó a explicar por qué el entonces presidente de Urbanismo comunicó a la empresa que en la Gerencia se había acordado el pago de las obras aprobadas y revisadas por los técnicos municipales cuando no era así. “Dio un cheque en blanco sin que estuviera justificado. Es poco respeto por el dinero público”, reprochó, lamentando el “derroche” de los 2,2 millones invertidos por la Junta.
El secretario de Política Municipal del PSOE local, Julio Millán, culpó al PP de “retorcer” la sentencia para “arremeter contra los socialistas”. En su opinión, el Ayuntamiento “hizo bien las cosas” por cuanto la empresa asumió los trabajos de urbanización de forma subsidiaria a cambio de levantar la fábrica y crear más de 400 puestos de trabajo, si bien el juez aclara que “no eran obligaciones recíprocas”. “Si, finalmente, no se cumplió la segunda parte del acuerdo es evidente que el Ayuntamiento no tiene por qué responder de esos costes”, señaló Millán, aunque la sentencia se limita al procedimiento administrativo para el pago de las obras. Por último, se quejó: “El PP convierte una buena noticia en un ataque político”.